El Gobierno sigue centrándose en los autónomos. Lo hace, siempre, desde la lógica del recaudador de impuestos que no entiende cómo funciona el tejido productivo. Bajo la apariencia de justicia social y equilibrio del sistema se esconden medidas que no buscan fortalecer la economía, sino exprimir a los profesionales para sostener un Estado sobredimensionado. El –por ahora– La fallida subida de cotizaciones para los autónomos no fue una reforma, sino un obstáculo más para quienes generan riqueza y empleo.

El argumento oficial es conocido: que los autónomos cotizan «en función de sus ingresos reales», que es el que utilizaron cuando, incomprensiblemente, las asociaciones de autónomos aceptaron la anterior reforma del Gobierno, que elevaba las bases de cotización. Sin embargo, esta idea es engañosa, ya que El trabajador autónomo, por definición, no puede predecir cuáles serán sus ingresos.s, quedando también inoperante la posibilidad de modificar los niveles de ingresos esperados una serie de veces al año. Obligar a hacer contribuciones para obtener ingresos reales potenciales –aunque no seguros– significa burocratizar aún más un entorno que ya es asfixiante.

El Gobierno parte de la premisa de que los autónomos ocultan ingresos o viven en privilegios. Nada podría estar más lejos de la verdad. Él El autónomo medio en España apenas supera los 1.200 euros netos al mes, según datos de asociaciones del sector. Muchos Trabajan más de diez horas al día, sin vacaciones garantizadas, sin permisos garantizados, sin estabilidad ni red de seguridad. Si muchos consiguen obtener unos ingresos aceptables es gracias al sacrificio de las muchas horas que dedican a su negocio, siendo por tanto su remuneración horaria muy baja.

Él El aumento de las aportaciones, ya sean progresivos o inmediatos, aumenta el coste de iniciar un negocio. La consecuencia directa es doble: menos altas en el régimen de autónomos y más cierres de actividades. Si a esto le sumamos el aumento de la burocracia como con el nuevo sistema de facturación que quiere implantar el Gobierno y que, ante el caos que podría provocar, ha decidido retrasarlo un año, el ataque a los autónomos es total.

España no sufre un problema de falta de ingresos públicos, sino de gasto estructural excesivo e ineficiente. El gasto público ha aumentado en más de 80 mil millones desde 2019, sin que se observe una mejora proporcional en los servicios básicos. En lugar de racionalizar este gasto, el Ejecutivo prefiere seguir ampliando la base de recaudación. Las contribuciones no son un impuesto formal, pero funcionan como tal. Son un impuesto al trabajo y al crecimiento.cualquiera. Cuanto mayor es el coste de mantener una actividad, más incentivos hay para abandonarla o pasar a la economía sumergida, que hay que erradicar, pero que este Gobierno, con medidas como ésta, fomenta indirectamente. Y cuando los márgenes son pequeños –como ocurre en la mayoría de los autónomos– un aumento del 15 o 20% en las cotizaciones puede suponer la diferencia entre sobrevivir o cerrar.

Además, esta política erosiona la base empresarial del país, que es esencial para la creación de empleo. Un autónomo exitoso suele crear puestos de trabajo; un autónomo que se hunde se convierte en desempleado. En España, el 90% del tejido empresarial está formado por microempresas y autónomos. Asfixiarlos con nuevas cargas equivale a golpear el corazón de la productividad nacional.

Es Es paradójico que un Gobierno que se define como «progresista» penalice a quienes progresan. El verdadero progreso surge de la iniciativa, la creatividad y el esfuerzo individuales, no de una redistribución coercitiva. La subida de precios transmite todo lo contrario: no merece la pena esforzarse, innovar o arriesgarse. Cuanto más gana, más paga; Cuanto más arriesgas, mayor es el castigo.

España necesita un modelo que premie la productividad, no dependencia. En lugar de aumentar las cotizaciones, habría que fomentar el ahorro privado, facilitar la capitalización de las prestaciones por desempleo para el emprendimiento y simplificar el régimen fiscal. Otros países europeos, como Irlanda o Estonia, han demostrado que una fiscalidad baja y estable genera más ingresos a largo plazo, porque estimula la inversión y la formalización del trabajo.

Urge reducir la maraña burocrática que acompaña cada paso de los autónomos: licencias, declaraciones trimestrales, normativa cambiante, inspecciones constantes. Cada procedimiento consume tiempo y energía que podrían utilizarse para producir y crecer. Un sistema simple, transparente y estable es el mejor aliado del progreso. El aumento de las cotizaciones para los autónomos -el que se aprobó en su momento y el que actualmente se aplaza- no es una medida técnica, sino ideológica. Es la expresión de un Estado que desconfía del individuo y confía sólo en su propia capacidad de gasto. Una política que penaliza el mérito y fomenta la dependencia, que erosiona la base productiva y ahuyenta la inversión. El resultado será el contrario de lo que se pretendía: menos ingresos, más desempleo y una economía más débil.