Ex Ministro de Transporte José Luis Ábalos solicita a la Corte Suprema que que lo juzgue un jurado popular por presuntas irregularidades en la adquisición de mascarillas durante la pandemia de coronavirus.

El abogado menciona la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado para asegurar que tres de los delitos que se le imputan a Ábalos (corrupción, tráfico de influencias y malversación de fondos) son competencia de un jurado popular y, según el escrito de acusación, sólo hay dos delitos que «no son del conocimiento del jurado», como son la organización criminal y el uso de información privilegiada. «El Tribunal Supremo no pierde su competencia porque el juicio se desarrolle ante un jurado; simplemente la Sala se constituye de una manera particular», explica.

La defensa del diputado solicita la revocación de su juicio ante los tribunales y sienta un precedente del caso del expresidente valenciano. Francisco Camps. También señala que Ábalos está certificado ante el Tribunal Supremo y que, según la ley, «el ministerio público corresponde al Tribunal Supremo, pero por un jurado popular».

Para defender su petición, Ábalos pone como contexto al expresident Camps, destacando que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia «se declaró competente para conocer estos hechos», la aceptación de obsequios en forma de prendas de vestir y acordó «tratar con el mismo objeto el procedimiento» ante el jurado popular, «en el marco del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana». También recuerda que el caso acabó con una “sentencia absolutoria”.

Ábalos pasará la Navidad en prisión

La Corte Suprema celebrará una audiencia sobre el próximo 15 de enero en el que se estudiará el recurso de Ábalos contra su ingreso en la prisión de Soto del Real el pasado 27 de noviembre. El exdirigente socialista afirma que si hubiera riesgo de fuga no habría acudido a la vista del juez «sin resistencia» y «como cordero al matadero» una semana antes.

Los jueces Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Pablo Llarena, encargados de revisar las decisiones del juez instructor en el caso Koldo, respondieron a la petición del ex número 3 del PSOE de celebrar una vista para estudiar su recurso.

El juez impuso prisión preventiva a Koldo García y José Luis Ábalos al considerar que corrían un riesgo «extremo» de fuga dadas las duras penas que afrontan: La fiscalía pide 24 años de prisión para el exministro y 19 años y medio para su exasesor, y los cargos elevan la petición a 30 años.

Serán juzgados sobre la base de pruebas de haber aceptado “sobornos” en contratos públicos de empresas contratadas por Víctor de Aldama, presunto autor de la trama.

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