La Audiencia de Valencia respalda firmemente la instrucción de la jueza Nuria Ruiz Tobarra en la causa sobre la gestión de la DANA el 29 de octubre de 2024, en el que 230 personas perdieron la vida en Valencia. Los seis jueces de la Sala Segunda han dictado 34 autos sobre los recursos presentados sobre la actuación del juez de Catarroja, de los cuales 29 refuerzan plenamente las resoluciones del juez.

Sólo en dos de ellos se han estimado íntegramente los recursos presentados.mientras que tres han sido admitidos parcialmente. Esto significa que la Audiencia apoya en el 85% de los casos en el mismo sentido que el instructor.

Un apoyo a la investigación llevada a cabo por Ruiz Tobarra que llega apenas unos días antes de que finalice Un año desde que el Poder Judicial decidió concentrar las actuaciones en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja que, hasta entonces, estaban abiertos en una veintena de juzgados de Valencia. Hasta ese momento, Tobarra investigaba 75 muertes ocurridas en el partido judicial de Catarroja.

En marzo, dos meses después de asumir la investigación, Tobarra decidió citar al ex Ministro de Justicia e Interior del Gobierno de Carlos Mazon, Salomé Pradasahora tu número dos, Emilio Argüesopor sus habilidades en el envío «tardío y erróneo» del aviso a través del sistema Es-Alertque llegó a los móviles de los ciudadanos a las 20.11 horas del día del temporal, cuando ya se habían producido buena parte de las muertes, según la investigación judicial.

La Audiencia de Valencia avaló en su momento la decisión de acusar a ambos altos funcionarioscomo lo ha hecho en la gran mayoría de ocasiones en las que ha tenido que pronunciarse ante recursos de la defensa o acusaciones sobre la actuación de Tobarra.

La Corte desmonta las acusaciones de la derecha

Este aval que llega de los seis magistrados del Tribunal desmonta las durísimas críticas que los investigados y algunos sectores de derecha y extrema derecha han hecho contra el juez por poner el foco en las competencias de la Generalitat, que tenía competencias de Emergencia, y no en el Gobierno central o la Confederación Hidrográfica del Júcar, como había reclamado el Partido Popular.

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