Un empresario peruano es el enlace de la trama de Plus Ultra en Canarias
La ramificación canaria del presunto blanqueo de capitales del chavismo vinculado a la investigación de la aerolínea Plus Ultra llega hasta un empresario e intermediario financiero afincado en Tenerife de origen peruano llamado Khristian Eduardo Alegre Walter. Las recientes detenciones del presidente y del CEO de la compañía aérea han destapado una amplia red de empresas instrumentales y sociedades pantalla que operaban en Suiza, Francia y España dedicadas a lavar dinero a gran escala de actos de malversación cometidos por funcionarios venezolanos con fondos públicos de los programas CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción) y ventas de oro del Banco de Venezuela.
[–>[–>[–>Las fiscalías francesa y suiza tiraron del hilo en sus indagaciones y solicitaron a la Fiscalía Anticorrupción española que realizara registros domiciliarios en Madrid, Pozuelo, Tenerife y Mallorca por la presunta implicación de varios ciudadanos de origen venezolano, peruano y holandés afincados en España y un abogado español. Uno de los investigados de origen peruano es Khristian Alegre Walter, que reside en el municipio tinerfeño de Arona, al que se le vincula como administrador de varias sociedades y empresas que servían como tapadera para las operaciones de blanqueo de capitales.
[–> [–>[–>El nexo de Alegre Walter con la trama viene del empresario de nacionalidad peruana y residente en París Enrique Martín Baca Arbulu y de su hermano Luis Felipe Baca Arbulu, que contrataron a un abogado español para crear diferentes empresas, entre ellas Kaimana Capital, Lagundri y Trowbridgeet dedicadas al asesoramiento económico, actividades de intermediación o inversiones inmobiliarias y en la que aparece este empresario residente en Tenerife como administrador de las mismas. Junto a estos tres investigados, el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid también sigue la pista de Gabriela Puente Garaboa, de origen venezolano, igual que Danilo Alfonso Diazgranados, además del ciudadano de Países Bajos Simon Leendert Verhoeven. Se les acusa de delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, apropiación indebida y tráfico de influencias.
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Operaciones opacas
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Los tentáculos de la trama que se investiga son diversos ya que las sociedades pantalla cuentan con operaciones opacas en Luxemburgo, Panamá y Emiratos Árabes Unidos, según los detalles que se van conociendo de las pesquisas. De hecho se ha detectado una estructura financiera domiciliada en Luxemburgo con cerca de siete millones de euros en activos financieros, que está vinculada a algunos de los nombres investigados en la causa de Plus Ultra. La sociedad Kaimana está registrada en el Ducado en noviembre de 2021, ocho meses después del rescate de la aerolínea por parte del Gobierno. En esta empresa Enrique Martín Baca Arbulu era el accionista casi único mientras que Khristian Alegre Walter también entró a formar parte de la misma como administrador.
[–>[–>[–>En las operaciones de blanqueo realizadas presuntamente por los investigados, a través de esta red de sociedades pantalla, se habrían utilizado los 53 millones de euros que recibió la aerolínea Plus Ultra de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi). La compañía aérea se encontraba al borde de la quiebra por falta de liquidez y estaba a la espera del rescate con dinero público. En este intervalo varios de los investigados prestaron fondos canalizados desde Suiza para salvar las nóminas de los trabajadores. El dinero prestado fue devuelto con los fondos públicos que finalmente concedió el Gobierno.
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La investigación de la Fiscalía Anticorrupción se centra en estas sociedades instrumentales a las que llegó la financiación pública por la venta de oro por unos 30 millones de euros a una mercantil de Emiratos Árabes Unidos, así como importantes transferencias de dinero a Panamá.
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[–>La Fiscalía española destaca el presunto uso indebido de las ayudas públicas, en referencia al rescate de la aerolínea Plus Ultra, «al figurar la sociedad Plus Ultra como firmante y beneficiaria de unos presuntos contratos de préstamo con tres sociedades de la organización criminal, implicadas en las ventas de oro, y esos contratos dan cobertura a su vez a las correspondientes devoluciones por parte de la sociedad española Plus Ultra, en fechas consecutivas a la recepción de la ayuda pública, a cuentas en el extranjero de sociedades que forman parte de la organización criminal».
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Además de la residencia en Arona del empresario peruano Khristian Alegre Walter, la vinculación de la aerolínea Plus Ultra a Canarias se remonta a la crisis sanitaria de la pandemia cuando el Gobierno canario del pacto de las flores adjudicó sin concurso dos vuelos directos a China para traer mascarillas y que fueron operados por la aerolínea con aviones subcontratados por la empresa One Airways.
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Transferencias del oro chavista desde 2019
La Oficina de Denuncias de Blanqueo de Capitales de Suiza remitió el 1 de octubre de 2021 un informe al Ministerio Público helvético en el que alertaba de que varios de los denunciados en el caso Plus Ultra habían recibido al menos 2,7 millones de euros en las cuentas bancarias que habrían utilizado para blanquear fondos de países sudamericanos, sobre todo del oro de Venezuela. Así consta en un documento del Poder Judicial suizo, en concreto habrían recibido un millón de euros el 24 de enero de 2019, 994.356 euros el 14 de mayo de 2019 y 750.000 euros el 15 de abril de 2020. Y cinco días después de recibir la denuncia de Antiblanqueo, el 6 de octubre de 2021, la Fiscalía suiza abrió una investigación por la que finalmente acusó a los integrantes de una «organización criminal» del lavado «a gran escala» de importantes sumas de dinero «de personas sujetas a sanciones internacionales». En el desarrollo de la investigación, tanto Suiza como Francia reclamaron la ayuda de España para la entrada y registro en domicilios ubicados en Madrid, Pozuelo de Alarcón, Tenerife y Mallorca. Y por la información facilitada por estos países y la obtenida en las operaciones policiales, la Fiscalía Anticorrupción española inició sus pesquisas para finalmente interponer la querella el 21 de octubre de 2024 en la Audiencia Nacional.
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