El gran fiasco de Sánchez con los fondos europeos – Santiago Sánchez
Este 2025 se acaba y pasará a la historia como el año en el que el propio Gobierno reconoció, con hechos, que El Plan de Recuperación no se iba a cumplir. Y no lo digo por una frase desafortunada ni por un lapsus en una rueda de prensa, lo digo porque el Ejecutivo ha tenido que reabrir el plan por séptima vez, retocar 160 hitos y admitir ante Bruselas y ante los españoles que decenas de compromisos ya no son realizables. En economía, cuando se reescribe tantas veces un plan de inversiones, no estamos ante una «actualización técnica», estamos ante la confirmación de un fallo de gestión que degrada un proyecto de país y deja retratado a Sánchez.
Convertir la enésima reprogramación del plan en un ejercicio de simplificación, con 160 medidas rectificadas o canceladas, para lograr desembolsos pendientes Es un mal chiste. Pero el resultado final es diferente. Cuando el Estado reduce reformas, cambia indicadores y transforma inversiones en trámites, lo que hace es ganar tiempo a costa de la credibilidad. Y esa credibilidad, ya erosionada por la propaganda y por la sucesión de ajustes, era el único activo que hacía viable un instrumento como el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: dinero europeo a cambio de resultados verificables.
La oportunidad histórica… y el colapso
El punto de partida fue extraordinario. España había destinado 163.000 millones de euros (alrededor del 13% del PIB) entre transferencias y préstamos, aprobado en 2021 y ampliado con la Adenda 2023. Se prometió lo mismo de siempre, pero con más poder propagandístico: aumentar la inversión pública y privada, atraer inversión empresarial en una proporción casi milagrosa (4 a 1) y elevar el crecimiento potencial por encima del 2%.
Cinco años después, estos fondos europeos se traducen en Productividad por empleado aún por debajo de 2018 (-0,9%), Inversión privada real por debajo de 2019 (-5,4%), La FBCF está estancada desde 2019 en el 20,3% del PIB y el La inversión pública más baja de Europa en 2025.. El objetivo era una transformación productiva, pero el resultado ha sido un gran programa de convocatorias que no cambian la estructura económica, no aumentan la productividad y, por tanto, no permiten que los salarios reales aumenten al alza de forma sostenible en el tiempo.
Y entonces llega el 2025 y ocurre lo inevitable: el plan deja de ser un plan, ya rectificado, y se convierte en un documento de rescate para Sánchez. Es decir, un instrumento diseñado para transformar la economía española se convierte en una operación de rescate político, con Bruselas como notario y el contribuyente como pagador final.
2025: el año en el que Bruselas escuchó «no estamos allí»
La séptima modificación no es un ajuste cualquiera, al contrario, es la confesión de que los objetivos eran ensoñaciones ideológicas, los diseños eran inmaduros y la capacidad de gestión del gobierno era insuficiente. Es el reconocimiento de que el plan estuvo mal diseñado, mal gobernado y, sobre todo, mal ejecutado.
Sánchez elimina reformas con rango de ley por su debilidad parlamentaria y justifica cambios en las inversiones por «falta de demanda» o dificultades técnicas», entre otros motivos, para justificar que España renuncia a completar 64 medidas porque las considera inalcanzables.
Esto no es un matiz. Es el acta notarial del fracaso de Sánchez. No han sabido activar proyectos, ni han conseguido tracción y no han sabido hacerlo a tiempo.
El gran fiasco de 2025 es el reconocimiento más revelador: la condonación de buena parte de los préstamos. De 83.160 millones de euros en préstamos, Se renuncian 60.455 millones, quedándose en 22.705 M€ y renunciando a cerca del 75% de los créditos asignados a nuestro país.
El Gobierno quiere venderlo como una decisión financiera («ya nos financiamos barato en los mercados»). Pero esa explicación se desmorona por su propio peso cuando recordamos con precisión tres hechos:
- Los préstamos podrían haberse activado antes (a partir de 2021, como Italia), cuando el coste relativo era más ventajoso.
- Las líneas ICO asociadas a estos créditos no se activaron hasta noviembre de 2024con un retraso de un año, reduciendo el periodo útil del plan.
- El Gobierno no ha recurrido a emitir deuda pública española adicional Para sustituir esta financiación europea, la emisión neta será la misma que en 2025 (55.000 M€).
Por lo tanto, se renuncia por falta de capacidad para financiar inversiones productivas ejecutables. El conocimiento necesario para ejecutar bien no está en una oficina, está disperso en miles de proyectos y decisiones privadas que necesitan reglas claras, incentivos y un marco que funcione.
El diseño institucional centralizado en la Moncloa y el uso de los fondos europeos sin control ni paraguas de los Presupuestos Generales del Estado, con múltiples transferencias entre secciones, han servido para algo políticamente útil para Sánchez, pero perjudicial en esencia: gobernar con presupuestos ampliadoscon menos control parlamentario, utilizando los fondos como instrumento de supervivencia.
Para Sánchez, los fondos Next Generation han sido un sistema discrecional de distribución ideológica y propaganda. Cuando el incentivo es sobrevivir legislativamente, el plan de recuperación sólo puede orientarse a la construcción de un relato y no al retorno económico.
Los datos matan la historia.
España ha recibido 71.400 millones de euros, lo que equivale sólo al 43,9% del total previsto. Y lo verdaderamente incómodo: la ejecución «real» en la economía se sitúa en el 19,5% del total hasta 2024, alrededor de 31,8 mil millones. Este 2025 ha sido el peor año desde el inicio del Plan de Recuperación, un año de verdadera parálisis que explica la acción desesperada del gobierno ante el abismo que representa el cierre del programa en ocho meses.
Con los últimos datos publicados recientemente por la IGAE hasta finales de noviembre, los pagos realizados este año ascienden a 4.739 millones de euros, el 13,72% de los créditos definitivos para 2025. Es el peor año, tanto en términos relativos como absolutos. Un auténtico fiasco.
Ministerios como el de Educación, con Pilar Alegría en desorden, Economía, Vivienda y, sobre todo Transformación Digital (Óscar López), Transición Ecológica y la ministra del «apagón» o Ciencia e Innovación con Diana Morant ausente desde hace dos años, están presentes Tasas de pagos absolutamente pírricas. La lista no es anecdótica, son precisamente carteras llamadas a solucionar el primer problema nacional, impulsando el cambio tecnológico, energético y de capital humano.
La responsabilidad del Gobierno al abandonar las inversiones que se suponía iban a transformar nuestro país es realmente grave y maliciosa, porque no estamos hablando sólo de perder dinero, sino que hablamos de perder competitividad cuando Europa acelera su agenda industrial y tecnológica, y cuando el mundo compite por cadenas de valor, defensa, energía y talento.
Sin embargo, la factura de estos fondos se seguirá pagando, incluso si no han servido para mejorar nuestra productividad o aumentar nuestro crecimiento potencial. España tendrá que devolver aportaciones al presupuesto comunitario, entre 2028 y 2058, su parte proporcional de la deuda común europea que ha financiado el programa.
España contribuirá aproximadamente 2.000 millones de euros al añosi no se aprueban nuevos impuestos europeos. Pagaremos, aunque los fondos no hayan mejorado el capital físico, humano y tecnológico que deberíamos tener cuando comience el pago.
Es una soberbia fatal, versión en español.
Hayek llamó «arrogancia fatal» a la pretensión de planificación estatista, a pesar de que los sistemas económicos complejos sólo funcionan cuando se nutren de información dispersa y de un orden espontáneo. En última instancia, el declive del plan español se debe exactamente a eso: diseño intervencionista, más burocracia y más discreción política. Y el resultado es el que siempre describe la tradición liberal. Cuando reemplazas las señales del mercado con comités y altos comisionados, lo que creas son cazadores de subsidios, ni inversiones ni proyectos verdaderamente transformadores. Será necesaria una auditoría exhaustiva para evaluar adónde han ido a parar muchos de estos fondos.
Cuando el programa termine en agosto, no nos preguntaremos cuántos comunicados de prensa se publicaron o cuántos anuncios se hicieron, sino qué país le queda a la Próxima Generación. Desafortunadamente, La respuesta será que no supimos convertir los fondos en inversión productiva y que pagaremos como si hubiésemos transformado España.
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