La Fiscalía ha solicitado que se retire la condición de perjudicados en el Caso Leire Díez al empresario Víctor de Aldama y el juez jubilado Manuel García-Castellón.

Así consta en un escrito judicial al que ha tenido acceso laSexta y donde la Fiscalía afirma que, en el caso de Aldama, «difícilmente puede ser considerado una víctima o perjudicado por hechos completamente ajenos a la trama que se investiga en este caso.

De esta manera, el Ministerio Público considera que se trata de «diferentes acciones criminalesque atacan distintos bienes jurídicos y que responderían a distintas intenciones, como por ejemplo ofrecer beneficios procesales a cambio de cierta información sobre los procedimientos en los que se ha estado involucrado.

Además, añade que, si en los hechos que denuncia existen indicios delictivos, «se podría seguir el procedimiento judicial correspondiente para determinar responsabilidades por las escuchas ilegales».

En el caso de García-Castellón, La Fiscalía ha rechazado su comparecencia porque «fundamenta su interés personal y su condición de víctima en el presente procedimiento y en la aparición de una serie de noticias periodísticas».

El Ministerio Fiscal señala que en dicha noticia se dice que «dentro de las reuniones que los investigados en este caso podrían haber mantenido para obtener información con la que desacreditar actuaciones judiciales contra el PSOE, y ello a cambio de obtener beneficios profesionales, Se podrían hacer alusiones que cuestionan la integridad del ejercicio profesional. del Sr. García Castellón como Magistrado».

Esto, dicen, «significaría una menoscabo de su honor personal y profesionalcuestionando las resoluciones que se tomaron en la instrucción de las causas que, ante la Audiencia Nacional, se han seguido contra el Comisario Villarejo.» Además, según la Fiscalía, dichas declaraciones podrían ser «constituye un delito de calumnia«y debe llevarse a cabo en un proceso independiente de éste.

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