MADRID, 31 de diciembre (EUROPA PRESS)-

El Gobierno palestino ha condenado de forma inequívoca la entrada en vigor de la orden de revocación dictada por Israel sobre la actividad de la ONG en Gaza, una medida «arbitraria» que tiene como objetivo último eliminar a los «testigos» que puedan denunciar violaciones del derecho internacional.

«Estas instituciones proporcionan una asistencia humanitaria, sanitaria y medioambiental vital a nuestro pueblo, especialmente en la Franja de Gaza, en un momento en el que el pueblo palestino sufre genocidio y hambruna, que Israel ha utilizado como arma de guerra», denunció el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina en un comunicado publicado este miércoles.

«Las acciones de Israel, como potencia ocupante ilegal, al detener el trabajo de estas organizaciones constituyen piratería, violencia y medidas que violan el derecho y las normas internacionales», añade.

La Autoridad Palestina también señala que «Israel no quiere testigos de sus crímenes» y que esta decisión no es más que una parte más de su plan para destruir «áreas vitales» como «la protección infantil, la salud, la educación, el agua, los refugiados y otros sectores humanitarios fundamentales para la causa palestina».

MSF INSISTE EN QUE HA CUMPLIDO CON TODOS LOS REQUISITOS

En un comunicado publicado este miércoles, Médicos Sin Fronteras (MSF) protestó contra la revocación y aseguró que cumplía con todos los requisitos solicitados por Israel, que por otra parte nunca proporcionó «criterios claros ni garantías» al respecto.

«La coordinadora de emergencias de MSF, Claire San Filippo, señala que los informes que sugieren que MSF no ha cumplido con el proceso de registro en Gaza son inexactos. Hemos estado plenamente involucrados desde julio de 2025 y hemos presentado la mayor parte de la información requerida», afirmó.

MSF también ha rechazado categóricamente las acusaciones israelíes de que tiene vínculos con grupos armados.

«MSF se toma muy en serio estas acusaciones. Nunca contrataríamos a sabiendas a personas involucradas en actividades militares. Hacer tales afirmaciones públicamente sin pruebas pone en riesgo al personal humanitario y socava el trabajo médico crítico que se está realizando», lamenta la organización.