es la primera vez que una administración tributaria dé este paso, que organizaciones como la patronal de compañías de seguros (Unespa) y las instituciones de inversión colectiva (Inverco) han reclamado durante años sin éxito alguno como fórmula para incentivar el ahorro para la jubilación y acabar con los malos tratos. Se trata de un cambio sin precedentes que se produce después de que el Gobierno haya endurecido el tratamiento de los instrumentos de ahorro para la jubilación como los planes de pensiones individuales en el resto del territorio.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez prometió en 2022 trasladar la entonces favorable fiscalidad de los planes de pensiones individuales a los planes de empleo pactados en la negociación colectiva. En línea con ese propósito, los Presupuestos incluyeron un nuevo golpe al ahorro privado: el máximo para aportar a los planes de pensiones individuales se redujo a 1.500 euros. Llovía sobre mojado, ya que el Gobierno ya había recortado esta cifra de 8.000 a 2.000 eurosa pesar de las peticiones del sector para que se revise al alza.

Castigo del ahorro

La reducción de los planes privados supuso un aumento de la aportación máxima en los planes de empresa, de 8.000 a 8.500 euros. Sin embargo, la fiscalidad de estos productos sigue siendo un factor que desincentiva su uso. A diferencia del resto de instrumentos de ahorro, cuando se rescata un plan de pensiones las rentas recibidas tributan como rentas del trabajo, sin tener en cuenta que buena parte de ese dinero corresponde a los rendimientos y debe tributar como renta del ahorro. En la práctica la diferencia es notable para el bolsillo, teniendo en cuenta que si bien los ingresos del trabajo pueden alcanzar pagar más del 50%Dependiendo de las comunidades autónomas, el ahorro alcanza un máximo del 26%.

La cultura del ahorro para la jubilación está muy extendida en el País Vasco. Sus tres Entidades Complementarias de Seguridad Social (EPSV) de mayor importancia en materia de empleo son Lagun Aro, vinculada a la Corporación Mondragón; Elkarkidetza, creada para empleados de ayuntamientos y diputaciones provinciales; y Geroa, con origen en el sector metalúrgico de Guipúzcoa. Entre los tres mueven más de 12.000 millones de euros. El cuarto es Itzarri, para los funcionarios de la Administración General Vasca. En el caso de Geroasu éxito ha sido ampliar la seguridad social complementaria a una red de pequeñas y medianas empresas de Gipúzcoa y Vizcaya. Su modelo se basa en la negociación colectiva y en que todas las empresas que están bajo convenio provincial destinan cada año alrededor del 6% del salario a la EPSV de los trabajadores. Un modelo único respecto al resto de España, donde los planes colectivos se limitan a bancos, compañías eléctricas o multinacionales.

El tratamiento fiscal del ahorro en España ha sido objeto de críticas por parte de organismos nacionales e internacionales. La OCDE ha identificado algunas reformas necesarias para reforzar el ahorro a largo plazo en nuestro país, y entre sus propuestas destacan la necesidad de incentivar los planes de pensiones de empleo, revisar la liquidez a 10 años de los planes, desacoplar los límites financieros de las aportaciones de los fiscales y aumentar las deducciones fiscales aplicables a los planes individuales. El Observatorio Inverco Recordó que mientras en España el ahorro en planes de pensiones individuales y planes de pensiones de empleo equivale al 8,4% del PIB nacional, la media ponderada en la OCDE es del 58,1%, lo que muestra el amplio margen de crecimiento y la importancia de reforzar los incentivos al ahorro privado.