Luego de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (AN) haya avalado la resolución del Ministerio de Defensa que cambió el nombre “Bandera Comandante Franco” del 1º Gran Capitán Tercio de la Legión de la Comandancia General de Melilla para la «Bandera de España», Contra esta decisión sólo queda el recurso de los veteranos de la Legión.

Los magistrados de la Sección Quinta han desestimado el recurso presentado por la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) en el que pedía mantener la denominación original al considerar que el Ministerio de Defensa había actuado de forma sectaria por «motivos exclusivamente ideológicos».

A juicio de esta entidad, la unidad militar lleva el nombre de uno de sus fundadores y hace referencia a un hecho histórico que garantizó la españolidad de Melilla y sus habitantes en 1921. La FNFF añadió en su recurso que la misión de la Ley de Memoria Democrática no es borrar todo lo relacionado con el dictador Francisco Franco, sino suprimir elementos de división entre los ciudadanos.

La Sala recuerda la doctrina del Tribunal Supremo en esta materia y señala que el cambio de denominación está amparado en el artículo 35 del reglamento de 2022, que enumera las medidas que pretenden eliminar elementos de división entre la ciudadanía y que suponen la exaltación del levantamiento militar o del régimen dictatorial. En este caso explica que, tal y como sostiene la Administración, «la La mera exaltación del máximo dirigente del régimen anterior es contraria a los principios y propósitos del mismo (ley) y la Administración debe poner fin a eso.

«No podemos pasar por alto que quien encabezó el levantamiento de 1936 y el posterior régimen político es un símbolo de aquellas fases de la historia de España en la totalidad de su persona y personalidad, de tal manera que no pueden excluirse sus vicisitudes militares anteriores al 18 de julio de 1936. Pues bien, esas experiencias y méritos militares previos también le situaron en la situación y con la experiencia necesaria que finalmente le permitió liderar el conflicto civil”, añade.

La Sala también rechaza la pretensión de la Fundación Franco de presentan cuestión de inconstitucionalidad respecto del artículo 35 de la Ley de Memoria Democráticaya que para hacerlo tendrían que existir dudas razonables sobre la constitucionalidad de una norma con rango de ley aplicable al caso, presunción que no se aplica en el presente caso.

La demanda de la Plataforma Patriótica Millán Descarriado pretende «defender el nombre del Comandante Franco, un líder militar histórico de la Legión que requiere asistencia jurídica y defensa de la asociación legionaria», que reclama «toda legitimación activa», frente a «la posición claramente discriminatoria del Ministerio de Defensa» al negarla.

Recuerda en este sentido que «ha iniciado e intervenido activamente en procesos judiciales donde reconoció su legitimidad para defender asuntos relacionados con La Legióny no sólo con Millán Astray”, su fundador.

La entidad señala que «el nombre de ‘Comandante Franco’ se dio precisamente en plena democracia en 1992 (como reconoce el Ministerio de Defensa en la desestimación del recurso de reconsideración) bajo un Gobierno del PSOE, partido que gobierna actualmente en España», por lo que «Es perfectamente compatible con la Constitución de 1978 y la Ley de Memoria Democrática».

También señala que «el comandante Franco continúa manteniendo las más altas condecoraciones de la República de FranciaLa Legión de Honor francesa, en sus categorías de Oficial y Comendador, y lo hace también por resolución judicial, en respuesta a una demanda interpuesta por el hijo de una victimizada.

Pero, sobre todo, el escrito de demanda se centra en «su cambio ilegal porque no es un caso típico contemplado en el artículo 35 de la Ley de Memoria y/o por haber prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido» [«no se han respetado los legítimos derechos de obtener copia del expediente, formular alegaciones, etc.», como tampoco ha habido aval del Comité de aplicación de la Ley de Memoria Democrática en el Ministerio de Defensa].

Una modificación que atribuyen a «las presiones de Partidos extremistas que odian a España y La Legión como Bildu o Compromís».

La Plataforma llama la atención sobre el hecho de que «El mismo Gobierno que se ha retirado» El nombre «reconoce que el nombre de la unidad ‘Comandante Franco’ proviene de que fue su primer jefe, de 1920 a 1922», según la respuesta al senador de Compromís, Carles Mulet.

«Sólo la referencia a quién lo fundó»

La unidad en disputa «llevaba el nombre de «Bandera Comandante Franco», el nombre de su primer jefe. No se llamaba Coronel ni General Franco, ni Generalísimo. Ni siquiera Francisco Franco. Sólo la referencia inequívoca a quien la fundó», explica Juan Chicharro, presidente ejecutivo del FNFF. Alegan «que se hace en aplicación de la llamada Ley de Memoria Democrática, recurrida ante el Tribunal Constitucional», que «busca y busca en las cloacas de la sociedad, con obsesivo resentimiento, vueltas para burlar la necesaria concurrencia de “desprecio o humillación de la dignidad de cualquier víctima” sacar de la legalidad cualquier vestigio de nuestro pasado – que ya no volverá – con el útil propósito de contribuir a la reconciliación. ¡Pero ya estábamos reconciliados! ¿Que quedaba algún agravio, algún cadáver en alguna fosa? Bueno, admitámoslo. Que el Estado proporcione, en la medida de lo humana, técnica y económicamente posible; la exhumación y posterior inhumación en tumba digna. Pero dejemos los rencores, las desavenencias, las venganzas y el “él y tú más” fuera de nuestras vidas”, afirma Chicharro.

«La Legión», recuerda el general retirado de la División de Infantería de Marina, «ha sufrido numerosos ataques, contra sus símbolos, su estilo, su propia mística reconocible e incluso la longitud de las patillas de sus miembros. Y la Legión, con la disciplina que la caracteriza, lo ha aceptado. Desde el legionario hasta el general. Rechinando los dientes, pero lo han aceptado. Y por cierto, todos han salido adelante».

Sobre la desestimación de su recurso, Juan Chicharro señala que «en cuestiones de juicio tiene razón quien esté en el ministerio» como dirían los castizos. Es una «resolución que nos duele. Hay muchos viejos legionarios en nuestras filas. Quizás por eso hay tanta hostilidad».