La operación viola el derecho internacional. Ningún país puede intervenir militarmente en otro sin el aval de la legalidad internacional. Pero esta afirmación, aunque cierta, requiere matices. Porque si bien EE.UU. ha violado el principio de no intervención, Maduro había pisoteado mucho antes los derechos humanos de su pueblo, culminando con el fraude electoral del verano de 2024, que sólo fue posible gracias a la inacción de gran parte de la comunidad internacional.

La lista de abusos del chavismo es extensa. En 2024, Maduro impidió el acceso al poder de Edmundo González, presidente electo con amplio apoyo popular. Se desmantelaron las instituciones democráticas, se encarceló, torturó o asesinó a los opositores; se persiguió a los exiliados y se promovió el narcotráfico como medio de financiación del régimen. Más de siete millones de venezolanos han huido del país, muchos de ellos a España. Lamentablemente se ha llegado a un punto en el que el chavismo sólo pudo ser superado por la fuerza, porque su esencia, como ha quedado demostrado, se basaba precisamente en la fuerza y ​​la represión.

El paralelo con la captura del dictador panameño Manuel Antonio Noriega en 1989 es inevitable. Como entonces, un dictador se perpetuó tras robarse unas elecciones. Como entonces, Estados Unidos intervino para restablecer la legalidad, aunque fuera bajo su propia interpretación de la ley. Noriega fue extraditado, juzgado con garantías y sentenciado. Es de esperar que Maduro y su esposa reciban el mismo trato y que los tribunales norteamericanos brinden no sólo justicia, sino también verdad.

El colapso institucional de Venezuela fue promovido por la capacidad de Maduro para manipular el sistema legal. Capturó el Poder Judicial, domó al organismo electoral, burló al Parlamento democrático, creó una Asamblea Constituyente paralela y sobrevivió a la proclamación de Juan Guaidó como presidente interino. Todo ello con el silencio cómplice de muchos gobiernos.

En este punto, España debe hacer un examen de conciencia. Nuestra diplomacia, que alguna vez persiguió objetivos estatales, ha sido capturada por el sanchismo, cuya actitud hacia Venezuela ha sido ambigua y oportunista. Figuras como José Luis Rodríguez Zapatero sirvieron de puente para legitimar al chavismo en foros internacionales, anteponiendo los intereses partidistas a los derechos humanos. Esta tibieza ha debilitado a la Unión Europea y empañado nuestra credibilidad regional.

La división iberoamericana también ha sido lamentable. El Grupo de Puebla y otros aliados ideológicos blindaron a Maduro, mientras las democracias más sólidas optaron por la pasividad. El resultado: un régimen envalentonado que llevó al país al borde del colapso humanitario.

Con la caída de Maduro se abre una oportunidad. El presidente Donald Trump ha declarado que no permitirá que nadie del régimen chavista ocupe el lugar de Maduro y ha afirmado su compromiso con una transición total a la democracia. Esta posición endurece el tono internacional y establece un marco claro para el país. Pero el futuro inmediato no está exento de peligros. La transición debe ser liderada por los propios venezolanos, con apoyo internacional, pero sin imposiciones. La comunidad internacional debe evitar el error de Libia: derrocar a un dictador sin construir un orden político viable. La OEA, la ONU y la Unión Europea pueden desempeñar un papel, aunque hasta ahora se han mostrado reticentes.

Las imágenes de esta mañana deben entenderse en su complejidad. No son prueba de un imperialismo desenfrenado, sino más bien el último recurso frente a una dictadura cerrada a cualquier transición pacífica. Y aunque el derecho internacional ha sido forzado, también es cierto que no puede servir de escudo a la impunidad de un dictador.

La captura de Maduro puede ser el primer paso hacia una nueva etapa en Venezuela: que Edmundo González asuma el cargo que le robaron, que los presos políticos sean liberados, que los exiliados regresen, que las instituciones recuperen su autonomía y donde, por fin, la justicia prevalezca sobre la barbarie.