Maduro y su esposa fueron detenido en venezuela horas antes de que el Departamento de Justicia, que coordina la acusación, hiciera públicos estos nuevos cargos.

El nuevo orden no se limita a una mención accesoria, sino que les atribuye comportamientos específicos dentro de una conspiración criminal de gran alcance dedicada al tráfico internacional de drogas, el narcoterrorismo y el uso de armas de guerra, y los integra plenamente en el arquitectura criminal que, según la fiscalía estadounidense, opera desde el poder en Caracas.

Marco legal

La acusación se basa en un marco general que ya estuvo presente en el caso original de 2020: durante más de dos décadas, altos funcionarios del Estado venezolano habrían utilizado instituciones públicas, fuerzas de seguridad y recursos estatales para facilitar la producción, protección y envío de grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos, en colaboración con organizaciones armadas designadas como terroristas por Washington.

En esta nueva etapa, el gran jurado sostiene que esta estructura no sólo Líderes civiles y militares enriquecidos y políticamente protegidos.pero también benefició directamente a miembros de la familia presidencial, a quienes se les atribuyen roles activos en operaciones de tráfico, cobro de sobornos y coordinación logística. Es relevante que Cabello siga imputado, factor que en principio le dificulta asumir el control del régimen.

En el caso de Cilia Flores, la acusación describe una carrera política paralela a la de su marido y la ubica como una figura con capacidad de influencia institucional clave en momentos críticos. El documento recuerda que fue presidenta de la Asamblea Nacional, fiscal general y miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, y sostiene que desde esos cargos participó en la facilitación de actividades de narcotráfico.

sobornos

El gran jurado le atribuye haber aceptado, hacia 2007, cientos de miles de dólares en sobornos mediar entre un importante narcotraficante y el entonces director de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela, Néstor Reverol. Según la acusación, este encuentro habría servido para garantizar el paso seguro de vuelos cargados de cocaína, a cambio de pagos y comisiones regulares para cada envío aéreo. Parte de esos pagos, siempre según la fiscalía, habrían revertido directamente a Flores.

Más allá de ese episodio concreto, la acusación amplía el alcance de su presunta participación señalando que, durante años, Flores habría trabajado en coordinación con Maduro en la tráfico de cocaínaincluido el desvío de envíos previamente incautados por las propias fuerzas de seguridad venezolanas.

La orden sostiene que estas operaciones se realizaron con escolta militar armada y con el apoyo de grupos, grupos parapoliciales vinculados al régimenSe utiliza para proteger rutas, intimidar a los rivales y castigar a quienes incumplieron los pagos o amenazaron la red. En este contexto, el gran jurado incluso atribuye a la pareja presidencial la orden de secuestros, golpizas y hasta asesinatos relacionados con disputas dentro del negocio de la droga, acusación especialmente grave que sitúa a Flores no como una figura pasiva, sino como un participante consciente de una organización criminal violenta.

La carta también vincula a Cilia Flores con el intento de financiar actividades políticas a través de ingresos provenientes del narcotráfico. Se recuerda el caso de sus dos sobrinos, Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitascondenado en Nueva York por conspirar para introducir cocaína en Estados Unidos, posteriormente liberado en un intercambio de prisioneros entre Washington y Caracas durante la Administración Biden.

El papel de las flores

Según la acusación, en reuniones grabadas por la DEA, ambos explicaron que buscaban levantar hasta 20 millones de dólares en ganancias de drogas para apoyar la campaña electoral de Flores en 2015, y describieron sus acciones como parte de una «guerra» contra Estados Unidos. Si bien este episodio ya era conocido judicialmente, la nueva acusación lo integra como prueba contextual del papel de Flores dentro de la red familiar y política del narcotráfico.

En cuanto a Nicolás Ernesto Maduro Guerrahijo del dictador, la acusación lo presenta como beneficiario directo del poder de su padre y como actor operativo dentro de la conspiración. El texto destaca que su entrada a la vida política coincidió con la llegada de Maduro a la presidencia y que se creó para él un cargo específico, jefe de la Cuerpo de Inspectores Especiales de la Presidenciasin precedentes institucionales claros. Desde esa posición, y luego como miembro de la Asamblea Nacional Constituyente y de la Asamblea Nacional, el gran jurado sostiene que «Nicolasito» utilizaron recursos estatales, aviones oficiales y protección militar para participar en el narcotráfico.

Uno de los episodios más detallados que se le atribuyen tiene lugar entre 2014 y 2015, cuando, según la acusación, llevó a cabo Viajes frecuentes a la Isla de Margarita a bordo de un avión Falcon 900 propiedad de Pdvsa. El documento indica que, antes de abandonar la isla, la aeronave fue cargada con grandes paquetes envueltos en cinta adhesiva, identificados por testigos como droga, con asistencia de personal armado de la Guardia Nacional. Maduro Guerra habría estado presente durante esos cargos y, en una ocasión, habría manifestado que El avión podría volar «a donde quisiera»incluido Estados Unidos, lo que para la acusación demostraría conocimiento del destino y carácter ilícito de la mercancía.

Conocimiento técnico del negocio.

La acusación va más allá de estos hechos iniciales y describe una progresión en la participación de Maduro Guerra. Alrededor de 2017, se le atribuye haber trabajado activamente en el envío de cientos de kilos de cocaína de Venezuela a Miamiy haber sostenido conversaciones con asociados criminales sobre la calidad de las drogas, los mercados de destino y los métodos de ocultamiento, como el uso de contenedores de chatarra para introducir cargamentos en los puertos de Nueva York. Estas conversaciones, según la Fiscalía, demuestran conocimiento técnico del negocio y una participación continua, no esporádica.

El gran jurado también sitúa a Maduro Guerra como enlace con organizaciones armadas extranjeras. En 2020, siempre según la acusación, asistió a una reunión en Medellín con representantes de las FARC, en la que Se discutieron planes para mover grandes cantidades de cocaína y armas. a través de Colombia y los Estados Unidos durante varios años. En aquel encuentro se habló incluso de pagar parte de los envíos con armas, reforzando la acusación de colaboración material con organizaciones catalogadas como terroristas por Washington.

Desde el punto de vista jurídico, la incorporación de Cilia Flores y Nicolás Maduro Guerra al caso tiene un alcance significativo. Ambos están acusados ​​de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, junto con Maduro, Cabello, Rodríguez Chacín y otros acusados. Además, se les atribuye participación en delitos relacionados con el uso y tenencia de armas automáticas y artefactos destructivos en el contexto de actividades de narcotráfico. En el caso del cargo de narcoterrorismola acusación se centra principalmente en Maduro, Cabello y Rodríguez Chacín, pero el papel de Flores y Maduro Guerra es calificado de esencial para la financiación y la logística de organizaciones terroristas extranjeras.

Estados Unidos confiscará los derivados

El gobierno de Estados Unidos anuncia su intención de confiscar cualquier propiedad o activo derivado directa o indirectamente de estos delitos, así como los activos utilizados para facilitarlos. En el caso de que esos Los activos no pueden ser localizados. o hayan sido transferidos a terceros, se prevé el embargo de bienes sustitutos hasta cubrir el valor estimado de los beneficios obtenidos. Este aspecto refuerza la dimensión patrimonial del proceso y apunta a una estrategia de presión financiera sobre el entorno familiar de Maduro.

La pena máxima a la que se enfrentan es la cadena perpetua. Ya se declararon culpables en este caso Hugo Carvajal, extraditado de España, y el general Clíver Alcalá. Ambos se han ofrecido a cooperar con la fiscalía en el proceso contra el dictador, que se dirige a Nueva York.