Tal y como recoge una reciente resolución, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha obligado a uno de los Juzgados de este órgano judicial —en concreto, el Juzgado Central de Instrucción número 3— para investigar estos hechos.

Inicialmente, el 11 de noviembre, al recibir la denuncia interpuesta por el padre de los menores, este Juzgado la desestimó al considerar que la Audiencia Nacional no tenía competencia para conocerla y que «no estaba acreditado el requisito de la doble incriminación».

Es decir, los hechos denunciados constituyen un delito tanto en el país en el que se presenta la denuncia —en este caso, España—como en Egipto.

Y sugirió al progenitor que lo presentara ante los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, ciudad a la que la madre de los niños debía regresar con ellos, lo que, al parecer, no ocurrió.

Sin embargo, dos días después, el 13 de noviembre de 2024, el abogado de los padres presentó un recurso directo ante la Sala de lo Penal, un tribunal jerárquicamente superior a los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional, que ahora le ha dado la razón.

La denuncia acusa a la madre de los niños, expareja del denunciante, de un presunto delito de sustracción de menores. Informó que tras pasar las vacaciones en Egipto no regresó del país africano, pese a que, por orden de una sentencia judicial, tuvo que devolvérselas a su padre, que residía en Madrid.

En su recurso, el abogado del padre criticó que la Audiencia Nacional, al desestimar inicialmente el caso por falta de competencia, había «dejado indefensos a dos ciudadanos menores de edad españoles» y que lo había hecho «sin siquiera haber investigado nada ni haber tomado medida alguna para protegerlo».

Criticó que, «sin mayores comprobaciones», el Juzgado Central de Instrucción número 3 haya descartado que la sustracción de menores sea también un delito en Egipto, basándose en la «naturaleza africana y árabe» del país.

«Es una situación gravísima. No sólo para el padre que se ve privado de ver y tratar con sus hijos y para las entidades judiciales y administrativas, cuya tutela ha sido despreciada, sino, básicamente, para los dos menores», se quejó el abogado del demandante.

Sobre los dos niños, el abogado lamentó que fueron «sacados de su país sin intención de reintegrarlos» y que, desde entonces, están «retenidos en no sabemos en qué condiciones y contra la normativa española».

Ahora, en sintonía con la Fiscalíael Juzgado de lo Penal da la razón al padre de los menores y revoca el auto del Juzgado Central de Instrucción 3 que desestimó la denuncia.

Así, los hechos serán investigados por la Audiencia Nacional. La Sala señala que los hechos narrados en la denuncia sí cumplen “todos y cada uno” de los requisitos que marca la ley para que puedan ser investigados por este órgano.

Fueron cometidos en el extranjero por, supuestamente, una persona española. En este caso, como recuerda el tribunal, la madre de los menores Tiene esta nacionalidad desde 2008..