Con este telón de fondo, Yolanda Díaz se reúne la próxima semana sus expertos y los sindicatos para hacer balance de la reforma laboral, una reunión en la que los patrones no asistirán Dirigida por Antonio Garamendi. Fuentes de CEOE aseguran que la patronal no acude a estas citas con expertos y recuerdan además que esta reforma se ha desvirtuado tras múltiples cambios realizados por Trabajo Sin Diálogo, como ocurrió con la prevalencia de los acuerdos autonómicos sobre los estatales o la devolución del control de los despidos colectivos a la Inspección acordada con EH Bildu.

Cuando Yolanda Díaz analiza con ella expertos destacados y con las centrales, el impacto de la reforma no podrá ignorar una realidad que analistas y centros de estudios han puesto sobre la mesa: la gran volatilidad del empleo. En 2021, cuando Gobierno y agentes sociales comenzaron a negociar los cambios, la temporalidad campaba a sus anchas, pero la reforma consiguió darle la vuelta a la situación y la estabilidad se abrió paso con fuerza por la penalización de los contratos temporales y el tirón de los contratos indefinidos discontinuos. La evolución de este último, por cierto, sigue siendo un misterio casi cuatro años despuésa pesar de haber contribuido de forma extraordinaria a incrementar las estadísticas de contratos estables, y a pesar del compromiso del ministro de poner negro sobre blanco en las estadísticas y acabar con la falta de transparencia que ensombrece cada mes los datos de empleo. El principal partido de la oposición ha solicitado los datos a la ministra hasta en trece ocasiones, sin éxito.

Las sanciones no cuentan

Los datos del SEPE son reveladores sobre cómo está configurado el mercado laboral. La duración media de las contrataciones temporales es de 42 días de media y más del 40% de todas las contrataciones temporales duran menos de una semana, y 60% menos de un mes. Y ello a pesar de la penalización en aportaciones que estos contratos de corta duración tienen para las empresas desde 2023.

La reforma laboral castigó duramente el empleo temporal. Se eliminó el contrato de obra y servicio, que hasta entonces concentraba la mayoría de los contratos temporales de duración indefinida, es decir, sin fecha de vencimiento cerrada, el causalidad para justificar la realización de un contrato temporal, además de endurecer las condiciones para ampliarlo (ahora duran como máximo un año). El resultado fue que los contratos estables pasaron de representar sólo el 10% antes de la reforma a más del 40% después. Pero los objetivos se han alcanzado sólo en parte, teniendo en cuenta el gran peso que tienen los servicios en la composición del mercado, un sector intensivo en mano de obra, en el que corta duración.

El permanente, el nuevo temporal.

Pero el aumento sin precedentes del empleo permanente también se ha asociado con una alta inestabilidad; los permanentes se han convertido en los nuevos temporales. Y no sólo por el efecto de los despidos, sino también por la interrupción del contrato durante el periodo de prueba -técnicamente no se consideran despidos-. Una práctica que se ha acelerado desde 2022 y que provocó que Yolanda Díaz lanzara una campaña específica para la Inspección de Trabajo. De enero a octubre se produjeron 860.500 bajas por no superar el periodo de prueba. En los contratos indefinidos se han disparado un 430% desde que entró en vigor la reforma laboral.

El baile de altibajos continúa

Y si hay una señal de que las cosas no van tan bien son los despidos que se producen en el últimos días de cada mes. Los datos de afiliación reflejan que en los últimos seis días hábiles de diciembre se destruyeron 215.000 puestos de trabajo, sin contar el día 31, que aún no está incluido en la estadística. Una dinámica seguida de contrataciones masivas. Continúa la danza de altibajos y con ella la inestabilidad.

Todas estas distorsiones del mercado laboral se producen en un momento muy delicado para las pequeñas empresas y los autónomos. Han dejado atrás un mal año, en el que la situación económica y la incertidumbre les ha afectado de lleno: el 30% de los autónomos ha cerrado con pérdidas, “Teníamos muchas promesas sobre la mesa pero no se ha mejorado nada, y sobre todo no se ha mejorado la protección social. 2025 ha sido un año de aumento de la carga fiscal y de incertidumbre”, afirma. Lorenzo Amor, presidente de ATA. Sus previsiones son preocupantes: «Si no hay cambios radicales, 2026 llegará con más incertidumbre».