Desde junio María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda tiene una tarea más encomendada: la de arrebatar la presidencia de la Junta de Andalucía a Juan Manuel Moreno Bonilla, una vez elegido Montero para ser el candidato del PSOE andaluz para las próximas elecciones de este año. En este contexto hay que entender algunos de los anuncios de la vicepresidenta. Siendo la presentación de tu modelo de financiación autónoma uno de ellos.

Este viernes, durante la presentación del mismo en el Ministerio de Hacienda en la madrileña calle Alcalá de Montero. Quería satisfacer a sus socios de ERC garantizando un ingreso extra a Cataluña de 4.686 millones a partir de 2027que es cuando le gustaría que entrara en vigor su ley, actualizando la actual que tiene 17 años. El modelo que propone avanza en el autogobierno y en una mayor autonomía fiscal de las comunidades autónomas, reclamación de los republicanos catalanes a quienes, Se respetará la ordinalidad, pero no el resto de autonomías, como el de Madrid.

Durante la rueda de prensa, el ministro de Hacienda hizo referencia en varias ocasiones a Cataluña, con la cifra de lo que recibirá si la ley finalmente pasa dos veces por el Consejo de Política Fiscal y Financiera y su aprobación en el Congreso de los Diputados. Lo curioso fue ver que Montero No quise detenerme a explicar y verbalizar lo que cada autonomía percibirá como más. Durante la presentación en las pantallas de la sala, los periodistas pudieron ver la mesa preparada por su ministerio, sin embargo, no explicaba la relación del nuevo elenco o, al menos, no tenía intención de hacerlo. «Habéis visto las cantidades de cada territorio. No voy a poner ningún ejemplo. ¿Por qué las comunidades autónomas no recibirán 200, 3.000, 4.000 millones más? «¿Por qué no?» apeló.

Sin embargo, inmediatamente después, Sí, puso un ejemplo: el de Andalucíaconsciente de que su presidente -como todos los del Partido Popular Autonómico- se va a oponer al modelo de financiación autonómica que el Gobierno ha puesto encima de la mesa. «Me cuesta pensar cómo una comunidad autónoma como Andalucía podría renunciar a recibir 4.850 millones de euros cuando viene reclamando una reforma del modelo de financiación…y cuando el consenso del parlamento andaluz exigía 4.000. ¿Van a decir que no por puro interés partidista? «Sectarismo político, diría yo, ¿verdad?» expresó.

Una lluvia de millones en Andalucía que beneficia al candidato socialista y que pretende desenmascarar al presidente de la Junta que rápidamente denunció que la propuesta de Montero nació coja porque aunque dicen que es buena para todas las comunidades autónomas, antes de hacerse pública, el Gobierno central la había pactado con ERC en un acuerdo «unilateral» que rompe la igualdad entre autonomías. Es un «traje a medida de Junqueras», afirmó este viernes Juan Manuel Moreno.. «Como andaluz y como presidente de todos los andaluces, un independentista condenado e inhabilitado para cargo público no puede representarme a mí, ni a nueve millones de ciudadanos, hasta 2031».

Condonación de la deuda andaluza

La coincidencia ha hecho que la autonomía más beneficiada por los nuevos cálculos de Hacienda sea Andalucía (4.846 millones), incluso por encima de Cataluña (4.686), a la que siguen la Comunidad Valenciana (3.669) y la Comunidad de Madrid (2.555). Pero no es la primera vez que Montero intenta ganarse a los andaluces que están llamados a las urnas en los próximos meses.

A la vuelta del verano el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley para la condonación parcial de la deuda de las comunidades autónomas por valor de 85.000 millones. En su diseño, de nuevo, Andalucía y Cataluña serían las más beneficiadas. 18.791 millones para el primero y 17.104 millones para el segundo.

Eso sí, esta semana Montero ha seguido el mismo guion que con la mal llamada condonación parcial de la deuda del Gobierno Central. Primero se acordó con ERC y luego se amplió al resto de autonomías. Con todo, María Jesús Montero tiene por delante cuatro o cinco meses dependiendo de cuándo se convoquen las elecciones –en mayo o junio–, durante los cuales todavía tendría que al menos dejar cerrado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado.