El modelo de financiación autonómica de Sánchez desoye a las comunidades más envejecidas, como Asturias: estas son sus quejas
El 21 de noviembre de 2021, los presidentes de ocho comunidades autónomas, de distinto signo político, firmaron un documento común de intenciones: la denominada «Declaración de Santiago», un texto de 13 páginas que recogía algunas de las inquietudes compartidas, muchas de ellas relativas a sus retos demográficos, el creciente peso del envejecimiento y las dificultades para sostener sus servicios públicos en igualdad de condiciones al resto del país.
[–>[–>[–>Aquel acto compartido en el que participaban presidentes socialistas de entonces (Asturias, La Rioja, Castilla-La Mancha, Aragón y Extremadura) y los populares (Castilla y León y Galicia, con Alberto Núñez Feijóo al frente), ya causó resquemores en el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Hoy, ese documento sigue siendo una guía fundamental para esos territorios, aunque ahora los socialistas son minoría, ya que solo gobiernan en Asturias y Castilla-La Mancha.
[–> [–>[–>Todas las comunidades firmantes del acuerdo consideran que la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica planteado por la ministra Montero resulta insuficiente para sus intereses. Más aún, critican que ni siquiera tenga en cuenta los argumentos que entonces se expusieron en la «Declaración de Santiago».
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Galicia fue la comunidad anfitriona de aquel acuerdo. Hoy, Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, cree que el documento firmado por las ocho comunidades es «la mejor prueba de que es posible llegar a acuerdos y consenso». Fuentes del gobierno gallego afirman que los principios básicos en materia de financiación allí establecidos «no han sido atendidos en esta revisión».
[–>[–>[–>Varias son las razones, en las que coinciden otros dirigentes autonómicos. El Principado ha limitado sus valoraciones al rotundo rechazo expresado por la vicepresidenta, Gimena Llamedo, y a los recelos del consejero de Hacienda, Guillermo Peláez. Pero el análisis de quienes cofirmaron con Asturias la Declaración da pistas sobre dónde están los «peros» a la propuesta de reforma de Montero.
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Atender los costes reales
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Ese era uno de los asuntos medulares de la Declaración de Santiago. Con todo, la propuesta del Gobierno central «rebaja la ponderación de los criterios de dispersión y envejecimiento», señalan fuentes de la Xunta.
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[–>No garantiza recursos suficientes
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El acuerdo firmado por las ocho autonomías reclamaba garantías para que los servicios públicos tuvieran idéntica calidad en toda España. «Muy al contrario, la reforma no los proporciona; la subida es raquítica», afirma el Gobierno gallego.
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Negociación unilateral
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El acuerdo de Santiago instaba a una reforma pactada de manera multilateral y una vez escuchadas todas las comunidades, pero este acuerdo parte de una negociación previa para colmar las reclamaciones de Cataluña, en primer lugar.
[–>[–>[–>La ordinalidad, el gran problema
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La «Declaración de Santiago» establecía que el reparto de recursos debía tener como principio «que todas las comunidades autónomas puedan prestar servicios en igualdad de condiciones, con independencia de la capacidad para generar ingresos tributarios». En cambio, Montero ha reconocido que su propuesta garantiza para Cataluña la ordinalidad: es la tercera comunidad en aportación por habitante, y será la tercera en recepción de fondos per cápita. «El nuevo modelo hace saltar por los aires los principios de igualdad y cohesión entre los territorios», sostienen a LA NUEVA ESPAÑA fuentes del Gobierno de Galicia.
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Los argumentos de la Xunta, gobernada por el PP, coinciden en muchos aspectos con los expresados por otros gobiernos firmantes del acuerdo de 2021, y que hoy están bajo mando de los populares, como La Rioja, Aragón, Castilla y León y Extremadura. La única comunidad aparte de Asturias en manos del PSOE es Castilla-La Mancha. ¿Qué opina el gobierno castellano-manchego de la propuesta de reforma del sistema de financiación?
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«La reforma no se ha abordado previamente con las comunidades, salvo con ERC», señalan fuentes del gobierno de Castilla-La Mancha. El Ejecutivo del socialista Emiliano García-Page ha mostrado ya su rechazo al modelo propuesto. Pero recalca a LA NUEVA ESPAÑA que «no cumple con las demandas que se recogieron en la Declaración de Santiago en la medida en la que el Gobierno nacional no ha contado con ninguna de las comunidades autónomas firmantes de ese documento para conocer, precisamente, sus demandas y tenerlas en cuenta». La excepción es el acuerdo previo «con los independentistas catalanes de ERC».
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Brecha en el Principado entre PSOE e IU sobre la posición de Asturias
La batalla política en torno a la reforma del modelo de financiación tiene muchas aristas. No solo está la lectura de los territorios, sino también la posición ideológica y la disputa entre bloques. Ya han aflorado algunas discrepancias entre el PSOE asturiano e Izquierda Unida (IU) a este respecto, ambas socias de gobierno en el Principado.
La posición de la mayoría socialista en el Ejecutivo asturiano ha sido clara: un rechazo «a priori» al modelo, sin que ello signifique su invalidación. El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, primero, y la vicepresidenta Gimena Llamedo, después marcaron su desacuerdo. Sin embargo, en IU la lectura es otra, en línea con la postura expresada por su dirección federal: en principio, la existencia de una propuesta es positiva, no se establece ningún «cupo» para Cataluña, y deberían negociarse los detalles. La coalición no ve «ordinalidad» en el reparto, pese a que la ministra Montero admitió que existía, al menos para Cataluña. El propio Ovidio Zapico, coordinador de IU en Asturias y consejero del Principado, no detecta riesgo en la propuesta de la Ministra.
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