Pese a que el responsable de las finanzas públicas había cerrado la puerta a modificar la ley para actualizar después de varios años los contratos del sector público con las empresas que les prestan servicios al nivel actual congeladoTesorería se ha sentado a la mesa junto con los Laboristas para acordar alguna medida que, sí o sí, implicaría un gasto presupuestario adicional. De ahí el necesario respaldo de Montero. Ambos departamentos llevan varios días manteniendo conversaciones y, al menos, hay «voluntad de hablar» dicen fuentes gubernamentales. Aunque no dan por hecho que ello desemboque en una medida concreta.

De momento, el cambio en la ley que indexaría los contratos públicos de las empresas que prestan servicios a las administraciones No está sobre la mesa. Es la reivindicación histórica de los empresarios, que han visto cómo han tenido que subir los sueldos de su plantilla con las subidas del SMI -60% en seis años- sin ver un aumento en los montos que reciben de las entidades públicas por los servicios prestados. Más aún cuando buena parte de esas obras están vinculados a sectores mal pagadoslos más condicionados por el nuevo SMI anual.

Sobre la mesa de negociaciones hay varias propuestas que, de una manera u otra, pasarían ayuda cualquiera compensar el gasto que asumen las empresas más impactadas por las subidas del salario mínimo en relación a estos contratos públicos, que es donde Hacienda tiene la última palabra. O en algún otro derivado que implique una sangría para el erario público.

Cualquier medida que se apruebe, si Díaz y Montero lo logran, irá en paralelo – señalan estas fuentes ministeriales – al decreto por el que el Consejo de Ministros aprueba el aumento del salario mínimo para este año, previsiblemente hasta 1.221 euros al mes frente a 1.184 euros actual. Es decir, intentaría generar un señuelo para que la CEOE y Cepyme se adhieran a la rúbrica del nuevo SMI de 2026 con la promesa de compensarles de otra forma en el medio plazo.

La sospecha de CEOE

Desde la patronal aclaran que no tienen noticias en este sentido y que su postura sigue siendo la misma que cuando Laboristas inició el proceso de actualización del SMI. El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ya anticipó su negativa la semana pasada argumentando que «la comunicación populista es muy fácil, pero ¿y los autónomos, que no pueden hacer frente a los pagos?». La organización empresarial había propuesto un aumento de 1,5% para este ejercicio, la misma proporción que aumentarán los salarios de los funcionarios públicos tras el acuerdo entre la Función Pública y los sindicatos.

También insisten en que las pymes no pueden tolerar mayores subidas y que la regulación sigue asfixiando su día a día, especialmente entre los autónomos, para acometer una subida del SMI que podría elevar el coste por trabajador por encima de los 1.900 euros al mes, incluyendo el salario y las correspondientes cotizaciones sociales que pagan las empresas, según estimaciones de ATA.