Mieres, atrapado en el “laberinto burocrático” de los edificios en ruinas: un problema de un millón de euros
El gobierno de Mieres (IU) ha salido al paso de las críticas del PSOE por la supuesta “desatención” municipal ante la proliferación de edificios en ruinas y su posible riesgo para la seguridad vial, subrayando la complejidad burocrática que condiciona la actuación de las administraciones en inmuebles de propiedad privada. Desde el equipo de gobierno se insiste en que, en muchos casos, el Ayuntamiento se ha visto obligado a requerir durante años y de manera reiterada a los propietarios para que actúen sobre edificios en avanzado estado de deterioro, sin obtener respuesta.
[–>[–>[–>Responsabilidad particular
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El gobierno local recuerda que la obligación de conservar los edificios en buen estado recae legalmente sobre sus propietarios. “La principal obligación de cualquier persona propietaria de un edificio o vivienda es conservarla en buen estado. No podemos perderlo de vista porque es una cuestión clave. Echarle la culpa al Ayuntamiento es muy fácil, pero no es cierto”, señalan.
[–> [–>[–>El equipo de gobierno responde con dureza a las acusaciones socialistas y les reprocha una actitud que califica de demagógica. “Al PSOE le pedimos menos demagogia y más seriedad. Debería arrimar el hombro y descolgar el teléfono para conseguir que el ministro de Justicia y la ministra de Vivienda impulsen una reforma urgente de la legislación”, apuntan los portavoces municipales. A juicio del Ayuntamiento mierense, el actual marco legal convierte las ejecuciones subsidiarias —cuando el Ayuntamiento actúa de forma forzosa ante la inacción de los propietarios— en un auténtico “cuento de nunca acabar”.
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Autorización judicial
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El gobierno local subraya que estos procedimientos solo pueden llevarse a cabo con autorización judicial, lo que alarga de forma notable los plazos. “En España son frecuentes los procesos judiciales que se prolongan cinco o incluso diez años. Son auténticos laberintos burocráticos”, advierten. De hecho, recuerdan que se trata de un problema generalizado en todo el país. «Distintos informes oficiales estiman que existen más de dos millones de edificios en estado de conservación deficiente, malo o ruinoso».
[–>[–>[–>Esta situación ha sido también objeto de atención por parte del Defensor del Pueblo, que ha alertado en varios informes sobre la lentitud “exasperante” con la que se desarrollan las ejecuciones subsidiarias. “Los ayuntamientos no podemos saltarnos la legislación, tenemos que cumplirla, pero el Gobierno del Estado tiene la iniciativa legislativa para cambiar las leyes. Necesitamos cambios legales y los necesitamos ya”, recalca el gobierno local, que reclama que la lucha contra la burocracia alcance también a este tipo de procedimientos.
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Medios técnicos y materiales
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Pese a estas limitaciones, el gobierno de Mieres defiende que está cumpliendo con sus obligaciones dentro de las capacidades de un concejo de más de 36.000 habitantes. En los últimos años, el Ayuntamiento ha destinado medios técnicos y materiales a reforzar la inspección urbanística y ha fijado la regeneración urbana como una de las prioridades de su Plan de Gobierno.
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[–>Como ejemplo, el ejecutivo recuerda que en el caso de una vivienda en La Felguera el Ayuntamiento llevaba más de tres años requiriendo actuaciones a los propietarios. Asimismo, señala que algunas de las viviendas ante las que el PSOE ha escenificado sus críticas cuentan con licencias de obra concedidas desde hace meses. Además, «el nuevo Plan General de Ordenación (PGO) va orientado a facilitar la rehabilitación y la regeneración urbana en todo el concejo».
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En cuanto a la actuación directa, el gobierno local destaca que ha movilizado cerca de un millón de euros en derribos mediante ejecuciones subsidiarias en los últimos años. “Es evidentemente insuficiente porque hay demasiados edificios en estado de abandono, pero no podemos olvidar que la responsabilidad última es de sus propietarias y propietarios”, concluye el comunicado.
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