El Tribunal Supremo mantiene a Ábalos y Koldo en prisión sin fianza por alto riesgo de fuga
El 27 de noviembre, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su exasesor, Koldo García, fueron citados a declarar ante el Tribunal Supremo por su presunta implicación en la trama de las mascarillas. Desde entonces, ambos permanecen en prisión temporal en la madrileña prisión de Soto del Real, y este lunes el Tribunal Supremo dictaminó que permanecerán allí.
El Tribunal Superior acordó mantenerlos tras las rejas al considerar que existe un alto riesgo de fugay también porque el próximo 6 de febrero se llevará a cabo la audiencia preliminar del juicio por presuntas comisiones ilegales vinculadas a los contratos de mascarillas durante la pandemia de estos dos y el empresario Víctor de Aldama.
La decisión la tomaron los jueces Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Pablo Llarena, quienes rechazó los recursos presentados por las defensas de Ábalos y García. Pidieron su libertad, pero la Sala de Apelaciones apoyó al juez de instrucción a cargo del caso, Leopoldo Puente, quien en su momento decretada prisión provisional, comunicada y sin fianza.
En su resolución, los magistrados destacan la gravedad de las sanciones que podrían imponersela solidez de las pruebas existentes y el riesgo de que los dos acusados intenten escapar de la justicia. Tanto el Ministerio Público como la Fiscalía Popular también habían solicitado que se mantuviera la medida de prisión preventiva.
¿Qué pide la fiscalía?
Por otro lado, la acusación anticorrupción presentada el pasado mes de noviembre, ante el encarcelamiento del ex ministro y ex asesor, su cargar y pregunta 24 años de prisión para José Luis Ábalos, 19 para Koldo Y 7 para Aldama.
El ex jefe de Transportes recibe la Delitos de organización criminal, corrupción, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y malversación de caudales públicos.s. Según el fiscal, el ex ministro aprovechó su cargo para facilitar asignaciones irregulares relacionados con los contratos de máscaras durante la pandemia.
En concreto, la lucha contra la corrupción exige siete años de prisión por organización criminal, seis por corrupción continuada, dos por uso de información privilegiada, cuatro por tráfico de influencias y cinco por malversación de fondos. Además, pregunte a su inhabilitación para ejercer cargos públicos durante varios años y una multa por los beneficios obtenidos ilegalmente.
En el caso de Koldo, estos también incluyen delitos de organización criminal, corrupción, tráfico de influencias y malversación de fondos. Se le imponen varias prohibiciones que le impedirían ocupar cargos públicos o presentarse a cargos públicos, así como fuertes sanciones financieras. Los fiscales argumentan que su papel fue imprescindible en la red de comisiones ilegales lo que habría beneficiado a empresarios del entorno político del ex ministro.
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