La ONG Foro Penal, especializada en monitorear la situación de los presos políticos en Venezuela, asegura que Todavía hay alrededor de 777 personas en prisión. La organización advierte que, a pesar de las liberaciones anunciadas el 26 de diciembre, no significan el fin de la persecución política y denuncia que muchos presos liberados siguen sujetos a medidas restrictivas como comparecencias periódicas ante los tribunales o prohibiciones de salir del país.

Según el último informe publicado por Foro Penal, entre los que aún permanecen detenidos, Durante las protestas fueron detenidos activistas, opositores políticos y ciudadanos. La ONG insiste en que varios de estos casos se deben a detenciones arbitrarias.

Estas liberaciones se dan en un contexto de creciente presión nacional e internacional sobre el gobierno de Delcy Rodríguez. Varias organizaciones de derechos humanos y personas cercanas a los detenidos han intensificado sus protestas, con acampadas y concentraciones frente a cárceles y sedes judiciales. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos convocó a nuevas movilizaciones ante el Ministerio Público.

Mariana González, hija del opositor venezolano Edmundo González Urrutia, se encuentra entre quienes han denunciado públicamente ser víctima de extorsión con el objetivo de obligar a su padre a abandonar la política. “Denuncio que he sido víctima de tres episodios de extorsión, tanto por parte de personas vinculadas a las autoridades de este país, como de personas vinculadas a la Iglesia y personas que decían representar a importantes organizaciones”, dijo Mariana González, en un comunicado compartido en su cuenta X.

Rafael Tudares Bracho, abogado venezolano y esposo de Mariana González, fue detenido el 7 de enero de 2025 en Caracas por un grupo de agentes encapuchados mientras llevaba a sus hijos al colegio. La hija del opositor venezolano calificó esta situación como una forma de arbitrariedad e injusticia, destacando que su marido tenía pruebas en su contra y que su expediente judicial carecía de pruebas claras.

Este caso se suma a la compleja situación de represión y persecución denunciada por sectores de la oposición y organizaciones de derechos humanos en Venezuela, en un contexto de tensiones políticas internas y protestas por la falta de garantías judiciales y libertades fundamentales.

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