La omisión legislativa del Gobierno español al no trasponer la directiva de la Unión Europea sobre el IVA franquiciado genera «un daño patrimonial directo, real y cuantificable» para el colectivo de autónomos de 508 millones de euros al año, es decir, hasta 660 euros de coste para cada uno de los 770.000 autónomos que tendrían derecho a aplicar esta legislación que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha negado a aplicar.

Según un informe elaborado por ATA, los profesionales con un bajo volumen de IVA soportado podrían conseguir grandes ahorros en costes de gestión, ya que la exención de presentar declaraciones periódicas del IVA y llevar una contabilidad específica de este impuesto -correspondiente a costes de software o consultoría- supondría un ahorro directo estimado en 25 euros mensuales, lo que equivale a 300 euros anuales por autónomo, que sumado al ahorro cuantificado en tiempo real por las dos horas que un autónomo dedica a tareas administrativas relacionadas con la tributación (IVA, recopilación de facturas, billetes, preparación de finiquitos, envíos o visita a la agencia) se traducirían en otros 360 euros -cuantificando 15 euros de coste por hora-, y se alcanzaría la citada cifra de 660 euros.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, denuncia que «el Gobierno no ha aplicado este régimen a pesar de estar obligado por la legislación comunitaria», lo que genera una «notable desventaja competitiva» respecto a sus homólogos europeos, que sí se benefician de este ahorro. «La implantación del IVA en franquicia no es sólo una cuestión de cumplimiento de la normativa europea, sino una medida de justicia fiscal y de apoyo estructural a un pilar fundamental de nuestra economía. La omisión legislativa del Estado español genera daños sucesivos, materializados en una pérdida económica que se reitera y consolida año tras año mientras persista el retraso en la adopción del régimen de franquicia.»

El informe proyecta que el coste para las arcas del Estado a nivel nacional rondaría entre 625 y 650 millones de euros anuales. Esta estimación se basa en el cálculo de que unos 770.000 autónomos se beneficiarían del sistema, al cumplir los dos requisitos principales: tener unos ingresos inferiores a 85.000 euros y no tener un volumen de IVA soportado que haga más ventajoso permanecer en el régimen general.

ATA señala que la omisión legislativa del Estado español al no transponer esta directiva «genera un daño patrimonial directo, real y cuantificable para el colectivo de trabajadores autónomos. A lo largo del año hemos denunciado a España ante la Comisión Europea por ser el único país que no ha aplicado esta directiva europea que era de obligado cumplimiento». Amor alerta de «la carga adicional» que sufren los autónomos españoles frente a «las ventajas competitivas que tienen los del resto de la Unión Europea, que no sólo no tienen que realizar estas declaraciones del IVA en todos los trámites, sino que sólo hacen una declaración anual».

Además, los autónomos ya han denunciado que la carga burocrática que soportan los más de 3,4 millones de emprendedores en España les obliga a invertir más de 200 horas anuales por trabajador y aumenta el coste económico para sus bolsillos en 10.000 millones de euros. Unos datos «contundentes» que reflejan que un trabajador autónomo dedica una media de casi cuatro horas semanales exclusivamente a realizar trámites ante las distintas administraciones y a cumplir con sus obligaciones fiscales, laborales y de Seguridad Social.

Haciendo números con todos estos datos, el resultado que se obtiene es que teniendo en cuenta un coste medio de 15 euros la hora, esas 200 horas suponen un coste de 3.000 euros al año por cada autónomo. Por tanto, en una actividad donde la jornada media de un autónomo es de 47 horas semanales, el resultado de esas cuatro horas perdidas en la atención a sus negocios o en el descanso para cumplir con la administración supone que los 3,4 millones de autónomos pierden 650 millones de horas al año en resolver trabas burocráticas, que no sólo se han disparado en los últimos cinco años, sino que suponen un coste añadido que reduce drásticamente la capacidad de conciliación de este colectivo.