En la era de los smartphones, cualquier testigo puede documentar gráficamente en cuestión de segundos lo que está viendo. Eso es exactamente lo que ha ocurrido en Minneapolis, y los propios vídeos de los vecinos han abierto una brecha insalvable entre la historia oficial y las imágenes del tiroteo que acabó con la vida de Alex Pretti, un enfermero de UCI estadounidense de 37 años y sin antecedentes penales, según las autoridades locales. El hecho de que Pretti trabajara en el sistema de salud de VA ha reforzado el impacto del caso en la ciudad. No era un agitador como el Gobierno intenta pintarlo, sino un trabajador sanitario local.

El sábado, horas después de conocer la segunda muerte de una persona en dos semanas a manos de agentes federales, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se apresuró a marcar el relato público de los hechos con un comunicado en el que afirmó que mientras agentes de la Patrulla Fronteriza realizaban un operativo para detener a un indocumentado, la víctima «se acercó a ellos con una pistola semiautomática de 9 mm», y durante el forcejeo tratando de «desarmarlo», un agente dijo que temía por su vida y le disparó mortalmente.

El problema para Washington fue que su versión empezó a filtrarse en cuanto expertos en análisis de imágenes de diversos medios empezaron a poner en duda la versión oficial. Según el trabajo del equipo de The Washington Post, nunca se ve a Pretti, que tenía licencia para portar armas de fuego, empuñando una. Se le ve en un vídeo grabando la actuación de los agentes con su teléfono móvil, y luego varios agentes le golpearon y sometieron tras rociarle con un spray. En un momento, uno de ellos mete la mano en una funda que la víctima lleva sujeta a su cinturón y saca algo que muchos sugieren que es un arma (información que ninguna agencia policial había confirmado al momento de esta edición) y sale corriendo, apenas segundos antes de que otro agente le disparara a Pretti, quien murió instantáneamente. En las imágenes nunca se ve a la víctima empuñando un arma, pero se pueden escuchar hasta 9 disparos.

Esta descripción de los hechos, tan alejada de la historia oficial, pone en duda hasta qué punto el fallecido era una amenaza mortal para los agentes y pone en duda sus acciones, que están en el centro de una investigación dirigida por el FBI y el DHS. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, ha dejado claro que no confía en ellos para liderar las investigaciones, y ha exigido que el caso se deje en manos de las fuerzas de seguridad del estado. El medio Axios lo resume destacando que Walz está intentando que la muerte de un residente de Minneapolis no quede «encapsulada» en manos federales cuando ellos son precisamente una de las partes implicadas. La lucha ya no es sólo política, también se cierne sobre el control de las pruebas. De hecho, un juez federal ordenó explícitamente la preservación de todas las pruebas vinculadas al caso, una medida inusual que revela desconfianza institucional. Paralelamente, la ciudad ha vivido vigilias y homenajes improvisados ​​a pesar de las temperaturas bajo cero, «mientras las organizaciones civiles piden total transparencia y la publicación íntegra de los protocolos y cronologías».

La Administración se niega rotundamente y contraataca. Donald Trump acusó este fin de semana a funcionarios locales de «incitar a la insurrección», mientras que el vicepresidente JD Vance los acusó de apoyar a «activistas radicales de izquierda». La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, fue más allá. En una carta al gobernador Walz le instó a derogar las políticas santuario de su territorio, solicitando, por ejemplo, que los centros de detención locales colaboren con ICE y que se permita a sus agentes interrogar a las personas detenidas para «acabar con el caos en Minnesota». Walz se ha negado anteriormente y ha seguido apoyando a los ciudadanos que se manifiestan pacíficamente.

Y en medio de todo, están surgiendo las primeras voces desde el Partido Demócrata en contra de aprobar esta semana un paquete de ayuda que incluiría 10 mil millones de dólares para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). “No puedo votar por un proyecto de ley que incluya fondos para ICE en estas circunstancias”, dijo el senador independiente Angus King. El viernes se cumple el plazo para que este nuevo paquete sea aprobado en el Senado, y dentro del Partido Republicano también empiezan a haber voces en contra, como la del representante James Comer, quien en una entrevista con Fox News reconoció que Trump debería considerar retirar a los agentes de ICE de Minneapolis y enviarlos a otro estado.