El Gobierno va a Regularizar a más de medio millón de inmigrantes que viven en España y las reacciones no se han hecho esperar, pero los bulos tampoco. De hecho, lo que los representantes de voz Criticar públicamente es lo mismo que difunden falsamente los agitadores de extrema derecha.

En concreto, el portavoz de Santiago Abascal En el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, aseguró que esta medida se corresponde con «la locura y esta barbaridad que trae el PSOE de quedarse un poquito más en la Moncloa». Todo un bulo que es amplificado en redes sociales por portavoces propios, como Vito Quiles que hablaba directamente de «manipulación electoral de manual».

Hay otros, sin embargo, que van más allá, como el eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta, Alvise Perezque ha dicho que estos inmigrantes regularizados «tendrán derecho a votar en las próximas elecciones generales». Para sorpresa de nadie, esta es sólo otra de sus mentiras.

¿Porque? Porque regularizar una situación no da derecho a votar. De hecho, para poder votar en las urnas es necesario obtener la nacionalidad española, lo que conlleva un proceso mucho más largo, exigiendo un mínimo de dos años de residencia legal, que en muchos casos equivale a una década. Entonces no, no podrán votar a Sánchez aunque quisieran.

Las mentiras, sin embargo, también provienen de Partido Popular (PP). El alcalde de Badalona, Xavier García Albiolha considerado que «lo que es inadmisible es que quien viene a delinquir tenga recompensa», lanzando la idea de que un extranjero que ha cometido un delito en múltiples ocasiones sin ser juzgado se beneficiará de esta regularización al no tener antecedentes penales.

Una suposición bastante improbable. Sin ir más lejos el magistrado Joaquim Bosch Explicó que si bien «puede haber algunos casos muy concretos, es raro que una persona pueda tener diez procedimientos abiertos y aún no haya tenido pronunciamiento sobre ninguno de ellos».

De hecho, estando regularizado, si posteriormente eres condenado también puedes ser expulsado, ya que «La regularización no proporciona un escudo que impida que quienes cometen delitos sean expulsados»: «Cuando un extranjero es condenado a prisión, la consecuencia jurídica es la expulsión de España», explicó Bosch a laSextadejando claro que el mensaje de Albiol tiene claros tintes xenófobos.

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