Si bien el pago de las aportaciones aprobadas en la asamblea es una obligación común de los propietarios, la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) reconoce excepciones legítimas que permiten a un vecino negarse a aportar su parte. La clave está en la distinción entre obras. necesario para la conservación o seguridad del edificio y aquellas mejoras destinadas a aumentar el confort o la modernización sin ser imprescindible.

Según los artículos 7 y 10 de la LPH, Las obras de mejora o innovación innecesarias requieren la aprobación del voto favorable de tres quintos del total de propietarios que, a su vez, representan tres quintos de las cuotas de participación.

Sin embargo, incluso si se alcanza esta mayoría, la ley protege a los propietarios disidentes cuando el costo individual de la obra excede el monto de tres pagos mensuales ordinarios de comunidad. En ese caso, el propietario afectado tiene derecho a rechazar el pago del derrame correspondiente.

Un ejemplo práctico: la piscina comunitaria

Para ilustrar este supuesto, el ejemplo de una comunidad que propone construir una pista de pádel en terreno común. Si la distribución del costo total implica para un propietario un pago único de 800 euros, mientras que su pago mensual ordinario es 200 euros, dicho vecino podría oponerse legalmente al pago. Esto se debe a que el importe a pagar (800 euros) equivale a cuatro cuotas ordinarias, superándose así el umbral de tres establecido como límite. En consecuencia, aunque el resto de vecinos voten a favor y se realice la obra, aquel propietario que no esté de acuerdo No estaría obligado a pagar su parte.

La normativa establece una contrapartida clara para esta exención: los propietarios que se acogen a este derecho y no pagan su parte No podrán disfrutar del uso de la nueva mejora, en este caso, la pista de pádel. Este reglamento busca un equilibrio entre la autonomía de la comunidad para decidir mejoras y protección de bolsillo individual contra gastos considerados no esenciales y de alto coste específico.