El Gobierno quiere un Adif con «careta» para tapar el caos ferroviario
El manual de resistencia al sanchismo tenía un anexo ferroviario y no lo sabíamos. Pudo haber sido redactado a cuatro manos, entre Irene Lozano y Carlos Ocaña, que ahora tienen ambos más tiempo libre en la Casa Árabe y el baloncesto madrileño. … siendo como son. La idea impulsora de tal tarea didáctica es la negación de toda evidencia y el uso de la gramática marrón para salir del atolladero. La técnica se sublima a nivel de maestría con el arte del tintado de calamar para quitarle el peso de cualquier responsabilidad cambiando el nombre de las cosas y dando apariencia de reseteo y propósito de enmienda a lo que no es más que gramática parda y los mismos galgos con diferentes collares. Tinte de Adif. Llevará siempre a sus espaldas el sello de varias decenas de muertos en Huelva y compromete las relaciones comerciales con otros países donde preocupa y, más aún, la conciencia.
La negligencia del Ministerio de Transportes, donde aún se escucha el jolgorio de los Ábalos, Koldo y otras sobrinas, ha desembocado en una tragedia de inimaginable magnitud. El tren ha pasado de ser el medio más valorado por los viajeros a una especie de raspa y gana en el que ya no se sabía a qué hora iba a llegar y ahora ya ni siquiera se sabe si llegará. Así de difícil. en la etapa de la inefable Isabel Pardo de Vera -¿Qué tendría Adif para atraer a esta gente?- La empresa aplicó un severo plan de recorte del gasto en mantenimiento, según los correos interceptados por la Guardia Civil. Adif asegura que no dispone del personal ni de los medios necesarios para detectar defectos en las vías del tren. Y se quedan tan anchos. Está acusado, necesitamos que nos lo digan.
Para grandes males, grandes remedios. Moncloa y, por extensión, aunque lo nieguen, el ministro de la también ‘contaminada’ cartera, Óscar Puente, han ideado un plan para reparar lo ocurrido: un ‘rebranding’ o cambio de marca por el que Adif pasará a denominarse otra nomenclatura incapaz de que nadie pueda relacionarlo a primera vista con la cadena de desastres que viene viviendo. La idea es sencilla. Se apela a la integración de la empresa que gestiona las carreteras (Adif) con la empresa que presta el servicio (Renfe) y se crea un nuevo bichito que lleva en sus entrañas la misma miseria moral y aún más. Un Adif con mascarilla, para entendernos.
El plan de maquillaje del gobierno, el desorden de chapa y pintura para grandes catástrofesha topado con los frenos de la Unión Europea, lo que ya indica la rudeza de su proyecto de ley teniendo en cuenta la legendaria capacidad de Bruselas de no optar nunca por nada que no sean sus propios intereses.
La reintegración de la gestión de carreteras con la prestación del servicio significa para el regulador europeo deshacer un camino ya recorrido a favor de la liberalización. Moncloa tiene un as bajo la manga, un comodín que ya utilizó para renacionalizar parcialmente Telefónica con la entrada de la SEPI: los intereses nacionales por encima de las empresas estratégicas. Todo ello utilizando una ley pandémica para proteger la soberanía nacional. Es la capa que lo cubre todo.
Por ahora, Puente dejó la fiebre por unos días actividad de red y ha empezado a buscar clavos ardientes a los que agarrarse. Actualmente son cinco los países que han liberalizado el sector, tanto en rutas comerciales como en rutas con obligación de servicio público (PSO). Se trata de: Alemania, Dinamarca, Polonia, Suecia y el Reino Unido, que ya no es miembro de la UE. Hay otro grupo de Estados en los que ya existe competencia real en el sector de los servicios comerciales, como Italia, la República Checa y Austria. España y Francia optaron por la liberalización total.
El deconstrucción de la realidad y el posterior ‘rebranding’ contienen multitud de ventajas añadidas, como mantener la lista de estómagos agradecidos con otro nombre e incluso ampliarla aprovechando que habrá que cambiar la arquitectura de marca. Imaginemos, por ejemplo, las presuntas víctimas de Paco Salazar a las que Moncloa puede ofrecer una salida en sus áreas de Comunicación y Marketing para que den paso a sus denuncias por acoso sexual. No hay mal que no venga con el bien.
Además, la técnica se puede exportar a otras zonas de fricción como, por ejemplo, Indra y la compra de la empresa Escribano. No se trataría de adquirir el negocio del presidente sino EM&M, o mejor aún una nueva palabra que combine la resultante y que permita a los accionistas claramente partidarios de la operación -la familia Escribano, con el 14,3% del capital, y el fondo de Joseph Oughourlian, Amber Capital, con el 7,24%-, liderar una empresa clave para la Defensa española cuyos planes de futuro tampoco dan la talla en Europa y mantienen a la Moncloa en vela.
Y si es necesario -al equipo de Monclovita le sobra capacidad para pensar en algo que vaya siempre un paso más allá de lo que uno puede imaginar- también se puede cambiar el apellido y acabar con la posible incompatibilidad entre comprador y compradora. El Gobierno ha pasado de no querer ver las cosas a no llamarlas por su nombre. Un accidente de tren es ahora un “revés”, del mismo modo que un apagón nacional alguna vez fue un “aumento multifactorial”. Es el arte de la palabra retorcidala ciencia semántica del sanchismo para demostrar que no hay peor ciego que el que no quiere ver y que para algunos una media mentira puede convertirse en una media verdad.
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