El artículo 25.1 de la Constitución Española establece un principio elemental del derecho sancionador: nadie puede ser castigado si no existe una norma que califique claramente su acción u omisión como infracción. Esto significa que para imponer una sanción debe existir una ley que describa específicamente la conducta sancionable y las consecuencias jurídicas resultantes. El objetivo de esta norma es garantizar la seguridad jurídica y evitar sanciones arbitrarias o improvisadas no respaldadas por la legislación vigente.

En el caso de la BTI, la normativa de circulación y de inspección técnica estipula que los vehículos deben someterse a controles periódicos para garantizar su seguridad y su estado de emisiones y penaliza la conducción sin la BTI vigente. El problema, sin embargo, surge cuando se pretende imponer una multa por el simple hecho de que el vehículo tenga la inspección vencida mientras se encuentra estacionado y no en circulación. Hasta ahora, algunos policías locales y La DGT había interpretado que el simple plazo era motivo suficiente para sancionar, incluso sin que el coche se moviera.