DOS HERMANAS (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Protección de la Naturaleza Seprona de la Guardia Civil de Sevilla, en el marco de la operación Nessil, llevada a cabo en colaboración con la Policía Local de Dos Hermanas (Sevilla) y la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico, ha procedido a investigar a 115 personas como presuntos autores de un delito contra la ordenación del territorio.

La investigación se inició a finales de 2024 después de que la Guardia Civil tuviera conocimiento de la formación de un nuevo asentamiento urbano de aproximadamente 120.000 metros cuadrados, subdividido en 236 parcelas situadas en suelo rústico preservado en el municipio de Dos Hermanas.

Según indicó el Instituto Armado en nota, realizó inspecciones y verificaciones in situ, ya que dicha segregación urbana se había realizado mediante Acta Notarial privada, dificultando mediante dicho acto identificar a los propietarios de las parcelas.

Al inicio de las investigaciones, la Guardia Civil confirmó que dicho asentamiento había sido dotado de vías de acceso con vallado perimetral con puertas de cierre automático, así como contadores de agua y luz, certificando los investigadores la instalación de viviendas prefabricadas así como algunas de ellas construidas.

Como resultado de las primeras diligencias realizadas en colaboración directa con la Procuraduría Ambiental, se autorizó el ingreso e identificación de parcelas ilegales y áreas comunes del asentamiento.

La Guardia Civil ha destacado que dicha medida adoptada es «una actuación innovadora y de enorme trascendencia» en la provincia de Sevilla, «ya que hasta el momento este tipo de medidas no habían sido adoptadas por ninguna Autoridad Judicial».

La actuación llevada a cabo por la Guardia Civil y Policía Local de Dos Hermanas ha culminado con la inspección y registro de más de 120 subparcelas ilegales, además de la investigación de 115 personas como presuntos autores de un delito contra la ordenación territorial, puesta junto con las diligencias a disposición de la Autoridad Judicial competente.

Este tipo de delito está incluido en el artículo 319 del Código Penal, teniendo en cuenta que los autores de estas acciones se enfrentan a penas de prisión de entre 1 y 4 años, multas de 12 a 24 meses o entre el triple del beneficio obtenido, inhabilitación especial para profesión u oficio y el restablecimiento del orden alterado a costa del autor del delito.

La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas acciones.