Según el colectivo, el Gobierno central envió al Parlamento una respuesta en la que únicamente acordaba que las comunidades autónomas tienen la competencia de incluir determinados niveles educativos en su ámbito competencial, de conformidad con la Ley Orgánica 3/2020. P’ADAE, esta respuesta «desmiente» el fondo de la cuestión y «desconsidera la situación» del docente afectado.

«La administración debilita la transparencia institucional cuando evita responder a una cuestión concreta», señala la asociación, que considera que esta actitud va acompañada de «una larga cadena de respuestas evasivas» y refleja «la falta de voluntad política» para abordar un problema «que se arrastra desde hace décadas».

ADAE recuerda que la próxima semana se debatirá en el Gobierno General del Principado una Proposición No Legislativa para ordenar al Gobierno asturiano que solicite formalmente al Ministerio la modificación de los Reales Decretos que afectan a este colectivo. En su respuesta, exige que el Ejecutivo autonómico «asuma su responsabilidad política» y «busque una solución inmediata».

La asociación considera que, aunque la competencia normativa es estatal, «la defensa del profesorado asturiano es una responsabilidad política inalienable del Gobierno de Asturias». Por ello, hay una reunión urgente en el Ministerio de Educación y que se fije una fecha concreta. De lo contrario, advierte, «las acciones se endurecerán» y podrían producirse nuevas movilizaciones.

«Con la ayuda del Gobierno del Principado de Asturies»