La Conferencia Episcopal Tarraconense y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, han firmado esta mañana, en el Palau de la Generalitat, un Acuerdo de transferencia de propiedad de la iglesia por lo que están destinados a vivienda social. “Esto forma parte de la voluntad del Gobierno de hacer todo lo posible en materia de vivienda, con los pies en la tierra, haciendo planteamientos ambiciosos pero viables”, explicó el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en su primer acto tras su baja por problemas médicos.

Durante la firma, el presidente de la Conferencia Episcopal de Tarragona y arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, quiso subrayar: «Es un granito de arena más que podemos aportar para poder salir adelante con esta falta de vivienda que hay. Las estadísticas dicen que casi el 25% de la población tiene déficit o problemas de vivienda».

Esta transferencia no modifica los títulos de propiedad. -que quedarán en manos de la Iglesia-, pero la Generalitat será la encargada de su gestión y se encargará de la rehabilitación y gestión de las viviendas sociales. Estas propiedades son seminarios, apartamentos, terrenos o presbiterios en desuso. La Generalitat decidirá quiénes son los beneficiarios y las condiciones.

Este nuevo protocolo de colaboración permite organizar, con seguridad jurídica, cómo se pondrá este patrimonio al servicio de las políticas públicas de vivienda y qué mecanismos permitirán transformarlo en programas destinados al alquiler asequible. El texto establece un marco estable a partir del cual, en los próximos meses, se deberán desarrollar actuaciones en todo el territorio.

«Ahora cada diócesis identificará bienes patrimoniales que reúnan las condiciones idóneas para ponerlos a disposición de la Generalitat de Cataluña», afirmó Illa.

Este acuerdo, que Salvador Illa destacó como pionero en España, tiene una duración de 4 años, renovables y la duración de las misiones variará en función de la explotación del inmueble; Pueden tener entre 30 y 75 años. Con la firma de este protocolo pretendemos paliar el problema de la vivienda en Cataluña y ampliar así el parque de vivienda social. Los apartamentos serán renovados. Una vez que estén listas, las familias vulnerables podrán instalarse.

Trabajo conjunto

Para lograr este objetivo se creará un grupo de trabajo compuesto por cinco miembros designados por la Conferencia Episcopal de Tarragona y cinco miembros designados por la Generalitat de Cataluña, entre ellos cuatro miembros designados por el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica (dos del área de vivienda y dos del área de urbanismo) y un miembro designado por el Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña. Al mismo tiempo, se creará una Comisión de seguimiento de este Protocolo, compuesta por tres miembros designados por la Conferencia Episcopal de Tarragona y tres representantes de la Generalitat de Cataluña.

La operación se desarrollará individualmente con cada obispado, analizando la disponibilidad real de su patrimonio y definiendo, caso por caso, la mejor manera de posibilitar el uso residencial con fines sociales. Este trabajo de campo debería permitir priorizar acciones que puedan implementarse más rápidamente.

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