La Vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, intensificó sus esfuerzos enfrentamiento con los jefes tras la aprobación de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Díaz cuestionó la negativa del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, a apoyar la subida de salarios y destacó que “factura 23 veces el SMI«.

La ministra enmarcó su intervención en un discurso sobre la distribución de la riqueza y la evolución de los salarios en España. «En el año 80 la participación del salario en la renta nacional alcanzó el 80% en Españaeste es ahora el caso con un 58%. Se construyó un proyecto de país contra los trabajadores«Hay más que margen para mejorar los salarios en nuestro país», afirmó, y destacó que España es «el Único en el área de la OCDE que crece, que crece un 2,8%» y destacó la existencia de «márgenes comerciales brutales».

Más allá del SMI

Díaz defendió que el gobierno había cumplido con su parte impulsando el SMI e instó a las empresas a involucrarse más ahora. «El Gobierno español está poniendo en marcha un proyecto de éxito que es el SMI, y este está aumentando el decil más bajo, pero hay muchos salarios intermedios cuyo salario medio en España es de 1.600 euros al mes», explicó. En ese contexto, advirtió que “Bajar los salarios empobrece a un país y lo hace menos eficiente.«.

La vicepresidenta anunció que dentro de dos semanas el Ejecutivo iniciará las reformas necesarias para «llevar la democracia a las empresas«. El plan prevé nueve líneas de actuación vinculadas a los cambios demográficos, la digitalización y la transición climática.

Entre los desafíos destacados está el pérdida prevista de un tercio de los trabajadores de las pymes en la próxima década, la integración de la inteligencia artificial y el impacto de la emergencia climática en el tejido productivo.

Participación en órganos de toma de decisiones

Uno de los ejes centrales de la propuesta es reforzar la presencia de los trabajadores en los órganos de dirección. Díaz defendió que el nivel actual de participación es “muy bajo” y vinculó este tema a la fortaleza de la representación sindical.

La propuesta prevé que, en las empresas de entre 50 y 1.000 empleados, un tercio de los miembros del consejo de administración corresponda a representantes de los trabajadores. Además, plantea establecer un umbral mínimo de participación del 2% en las medianas empresas y hasta el 10% en las grandes, sin detallar no obstante el mecanismo legislativo para su aplicación.

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