Los llamados ‘spam’ son algunas de las comunicaciones que más molestan a los ciudadanos. Suelen llegar en el momento equivocado y siempre con alguna pregunta que en ese momento resulta invasiva. Una nueva oferta comercial, la oferta de pasarse a la competencia o la ampliación de la tarifa ya contratada son algunas de las peticiones que reciben los consumidores.

Son llamadas que también generan desconfianza ante el aumento de los casos de ‘phishing’ utilizados por los ciberdelincuentes. El Gobierno quiere que estas se acaben y para ello se han puesto en marcha diversas medidas desde 2022 con la entrada en vigor de la Ley General de Telecomunicaciones. El último apuntaba a sancionar a las empresas eléctricas y la propuesta de que las empresas identifiquen las llamadas comerciales con un prefijo.

Pese a toda la regulación en torno a este tema, la OCU señala que el 72% de los ciudadanos las ha recibido en algún momento del último año y una encuesta de Facua destaca que casi el 37% de los ciudadanos recibe más llamadas comerciales no consensuadas.

Medidas contra el llamado ‘spam’

La semana pasada el Consejo de Ministros aprobó un decreto en el que se prohíben con carácter general las convocatorias para la comercialización de energía eléctrica salvo petición expresa e inequívoca del consumidor.

Otra propuesta para identificar llamadas comerciales y de atención al cliente es que estos números tengan nueve dígitos y comiencen con un prefijo específico. Las llamadas de atención al cliente tendrán un código diferente, en cumplimiento de la Ley de Atención al Cliente. Para aplicar esta ley, las empresas tienen hasta el 27 de diciembre de 2026. Cuando estén operativas, los operadores deberán bloquear las llamadas que identifiquen como comerciales y de atención al cliente y que no estén utilizando numeración fija.

Desde 2023, uno de los artículos de la Ley General de Telecomunicaciones regula este tema. Considera que es ilegal que las empresas se comuniquen con los usuarios sin consentimiento previo o salvo que la llamada sea necesaria para cumplir el contrato. El incumplimiento conlleva sanciones para las empresas.

Desde el año pasado, los usuarios no deben poder recibir llamadas y SMS de origen internacional que se hagan pasar por españoles para intentar evitar retrasos. Además, las llamadas comerciales sólo podrán realizarse con numeración geográfica o desde los prefijos 800 y 900.

El llamado ‘spam’, muy complicado de

Aunque en los últimos años se ha avanzado en materia de regulación, lo cierto es que es complicado frenar este tipo de convocatorias. Es cierto que a partir de ahora las empresas estarán mucho más controladas, sobre todo porque están expuestas a multas considerables. También hay avances en materia de transparencia.

Doris Seedorf, directora general de Softtek para España, señala que la aplicación práctica de las normas «requiere tiempo, coordinación entre actores y capacidad de supervisión», uno de los motivos por los que los consumidores suelen percibir que siguen llegando un volumen elevado de llamadas. «Algunas tienen su origen fuera del territorio nacional o de estructuras de difícil seguimiento, lo que dificulta la actuación de las autoridades», especifica.

Pero no es el único caso. Dado que se requiere consentimiento para recibir este tipo de llamadas de las empresas, en ocasiones «se basan en consentimientos antiguos o poco claros». Seedorf explica que esto genera la sensación «de que no se cumple la ley, aunque desde el punto de vista formal se interprete de otra manera».

Para el experto, una de las claves para frenar las llamadas ‘spam’ es el compromiso de las empresas de no abusar de estas llamadas. Pero también reconoce que acabar con ellas definitivamente «es complicado». El Reglamento General de Protección de Datos sienta las bases para reducir «considerablemente» las llamadas comerciales, aunque es necesario «reforzar los mecanismos de control, las sanciones disuasorias y el uso de tecnología que facilite la identificación del origen de las llamadas».

Qué puede hacer el consumidor

En caso de que el llamado ‘spam’ siga produciéndose, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) dispone de una guía sobre los pasos que pueden seguir los ciudadanos.

En primer lugar, es posible restringir la publicidad no deseada inscribiendo sus datos en un sistema de exclusión de publicidad, como la Lista Robinson. Pero hay que tener en cuenta que aunque una persona esté registrada, los comerciales pueden enviar publicidad si es cliente o si previamente ha dado su consentimiento.

Aquí es donde está una de las claves: es importante prestar atención a qué se firma cada vez o qué casillas se marcan. La AEPD recuerda que muchas veces al participar en concursos o aceptar ofertas y descuentos se solicita el consentimiento para el envío de publicidad. También es importante saber que este consentimiento puede ser revocado. Podrá solicitar al responsable o entidad que esté tratando los datos que deben figurar en el documento en el que se dio el conocimiento.

Si ninguna de estas fórmulas funciona, es posible denunciarlo ante la propia Agencia Española de Protección de Datos.