La propuesta de la conselleria de Salut de dar un incentivo a aquellos centros de atención primaria (CAP) que reduzcan el tiempo de duración de las bajas no es el primer intento de un organismo público de vincular más recursos a menos trabajadores en incapacidad temporal. La justicia ya consideró ilegal en 2013 un complemento que la Seguridad Social pretendía dar a sus médicos si estos, de todas las visitas que realizaban, daban un porcentaje mínimo de altas o incapacidades permanentes. Es decir, si sacaban del circuito de bajas a un mínimo de empleados.