Cómo ha cambiado la relación entre empresa y política
Durante décadas, la relación entre empresas y política respondió a un patrón relativamente estable. La regulación avanzó con cierta previsibilidad, los marcos regulatorios cambiaron con menos frecuencia y el diálogo institucional se centró en interlocutores bien identificados. Para muchas empresas, la política fue un factor … que fue activado por una iniciativa legislativa específica. Se analizaba una postura, se defendía una postura y, dependiendo del contexto político, esa propuesta prosperaba… o no.
Ese marco ya no describe la realidad. En los últimos años el entorno regulatorio se ha intensificado y acelerado. Producción normativa europea, fragmentación parlamentaria y La presión reputacional en los entornos digitales ha alterado las reglas del juego. La política ha dejado de ser un factor ocasional y se ha convertido en una variable permanente en el entorno empresarial.
Este cambio se puede entender a partir de tres transformaciones claras. La primera es que la regulación ya no es sólo técnica. Con frecuencia incorpora expectativas sociales, criterios ambientales y exigencias de transparencia que van más allá del nivel estrictamente legal. Lo normativo y lo reputacional están entrelazados. Una posición regulatoria puede ser jurídicamente impecable y aun así generar un costo público si no es socialmente comprensible.
La segunda transformación es la transición de la reacción a la anticipación. En un contexto de transición energética, reordenamiento geopolítico y creciente presión fiscal, esperar a que se publique la norma para actuar supone llegar tarde. Las empresas más preparadas integran el análisis político en su planificación estratégica. Construyen escenarios, identifican riesgos regulatorios y ajustan las decisiones por adelantado. Al final se trata de salir adelante o llegar tarde.
El tercero tiene que ver con la legitimidad. Cumplir con la norma es fundamental, pero ya no es suficiente para sostener la posición pública de una empresa. La coherencia entre el discurso, el comportamiento y la posición respecto de una determinada regulación es cada vez más importante. La licencia social para operar depende de esa coherencia, especialmente en un entorno donde el debate público es inmediato y continuo.
Este nuevo contexto también ha tenido consecuencias organizativas. Lo que tradicionalmente se conocía como Asuntos Públicos –centrados en el seguimiento legislativo y el diálogo institucional– tiende hoy a integrarse en un enfoque más amplio que conecta regulación, comunicación y reputación bajo una misma lógica estratégica. Muchas organizaciones lo llaman Asuntos Corporativos.
No es una cuestión terminológica. Es la adaptación a una realidad diferente. Cuando la política es una parte estructural del entorno empresarial, no tiene sentido gestionarla desde compartimentos aislados. Por lo tanto, La cuestión ya no es si la empresa debería relacionarse con la política.sino cómo y con qué profundidad.
David Ureña
Es socio fundador y presidente de Asuntos Corporativos del NITID.
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