El Partido Popular aprobó un «marco para organizar acuerdos y proporcionar gobiernos estables a la España autonómica» que establece un sistema único, vinculante y aplicable a nivel nacional para todos negociación después de las elecciones. El texto establece condiciones obligatorias sobre unidad nacional, proporcionalidad en la distribución del poder, política fiscal, inmigración, vivienda, seguridad, educación y saludy exige como garantía mínima la aprobación de cuatro presupuestos y un método de control que evite el “chantaje parlamentario”.

Los líderes nacionales asumen así el control de futuros acuerdos allí donde la aritmética parlamentaria requiera negociación. El documento parte de una premisa política: el rechazo al actual Gobierno central y la necesidad de abrir una nueva etapa. En este contexto, el PP defiende que su obligación es establecer reglas claras para evitar, según el texto, «chantajes políticos y privilegios injustificables».

Vox eligió este lunes Reajusta tu estrategia en las negociaciones con el Partido Popular para la formación de gobiernos autónomos en Extremadura y Aragón.

Diez principios para negociar

El marco establece diez puntos que debe ser respetado en cualquier acuerdo. El primero exige “el pleno respeto a la unidad nacional, el marco constitucional y el Estado de derecho”. El segundo enfatiza el respeto a la actual distribución de competencias, limitando los acuerdos a las competencias legales de cada administración.

Entre los principios políticos, el partido establece que ningún acuerdo puede contradecir su programa electoral y que la distribución del poder debe ajustarse a la proporcionalidad que determinen las urnas. También aclara que un pacto no implica la dilución de la propia identidad política, aunque advierte que «ninguna diferencia está por encima de los intereses de España«.

El documento también incluye compromisos programáticos que coloca como prioridades a nivel regional. Entre ellas se incluyen la reducción de impuestos dentro de las jurisdicciones regionales, la reducción de los obstáculos burocráticos, la defensa del sector primario, la revisión de las políticas energéticas y el aumento de la oferta de vivienda mediante más suelo y menores cargas administrativas.

Fiscalidad, inmigración y seguridad

En materia fiscal, el texto propone utilizar «todos los poderes fiscales regionales para bajar los impuestos» dentro del límite de garantizar los servicios públicos esenciales. En materia de inmigración, defiende el control de fronteras y la expulsión de quienes cometen delitos gravesmientras rechaza regularizaciones masivas.

El marco también incluye posiciones sobre nacimiento, familia, educación y seguridad de los ciudadanos. En materia de educación, aboga por un sistema “exigente” y rechaza el “adoctrinamiento ideológico”. En materia de seguridad, propone la coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y una respuesta criminal reforzada al crimen organizado.

Sanidad ocupa un apartado específico en el que el partido se compromete a fortalecimiento de modelos, planificación y atención primaria a nivel regional.

Estabilidad y seguimiento

El último bloque introduce una condición institucional relevante: cualquier acuerdo debe garantizar la aprobación de cuatro presupuestos y establecer un método de seguimiento que garantice el cumplimiento del pacto. El texto insiste en evitar el “incertidumbre permanente«y el»chantaje parlamentario«.

Estas son las 10 condiciones

El primero establece un estatus político y legal: cualquier acuerdo debe ser coherente con la Constitución, el Estado de derecho y la unidad nacional, excluyendo cualquier fórmula fuera del marco legal vigente.

En segundo lugar, el texto subraya que los pactos deben respetar la actual distribución de poderes. Es decir, sólo pueden incluir medidas que sean competencia de cada comunidad autónoma. El tercer punto introduce una compromiso institucional: la defensa de la separación de poderes, el respeto al Jefe del Estado y la protección del prestigio de las instituciones autónomas.

A nivel político, el PP establece como su cuarta base la coherencia programática. El partido puede ampliar sus propuestas, pero no aceptar iniciativas que contradigan su programa electoral. A ello se suma un quinto principio: la igualdad ante la ley y la defensa de las libertades individuales, con el rechazo expreso de medidas que generen desigualdades por razón de territorio, ideología, lengua, sexo u origen.

El sexto criterio regula la distribución de responsabilidades. El documento afirma que tanto en el ámbito legislativo como en el ejecutivo se debe respetar la proporcionalidad determinada por las urnas, ajustando el peso institucional al resultado electoral.

El séptimo punto indica claramente que un acuerdo no implica una dilución de las identidades políticas. El PP reivindica su propia identidad, aunque sostiene que ninguna diferencia debe situarse por encima de la gobernabilidad.

La octava base reúne los Contenido programático considerado prioritario a nivel regional.. Incluye compromisos en cuestiones fiscales, reducción de la burocracia, defensa del sector primario, política energética, vivienda, ocupación ilegal, inmigración, tasa de natalidad, educación, seguridad y salud.

Noveno, el texto establece que los gobiernos deben funcionar con responsabilidad colegiada. Todos los socios asumirán conjuntamente las decisiones y su ejecución presupuestaria.

Finalmente, el décimo principio introduce una garantía de estabilidad: Cualquier pacto debe garantizar la aprobación de cuatro presupuestos y un mecanismo de seguimiento que evite bloqueos parlamentarios o situaciones de inestabilidad permanente.

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