Julio Iglesias inició un procedimiento judicial contra la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, por declaraciones en las que le atribuía conductas como «abuso sexual«y mantener a los trabajadores en uno»situación de esclavitud«. Esta semana, el artista presentó una solicitud de conciliación, un trámite previo obligatorio antes de presentar una denuncia por injuria o insulto.

Por su parte, Yolanda Díaz respondió asegurando que seguirá defendiendo a los trabajadores. «Defiendo a las mujeres trabajadoras frente a todo aquel que atente contra su integridad y sus derechos y no voy a dejar de hacerlo. Con denuncias o sin ellas, las mujeres ya no callamos», escribió este martes la vicepresidenta en su cuenta de la red social Bluesky.

Se produce movimiento judicial luego de que dos exempleados del cantante presentaran una denuncia ante la fiscalía nacional por presunta agresión sexual. La fiscalía desestimó el caso en enero por falta de competencia. Tras este expediente, el entorno del artista optó por responder legalmente a las declaraciones públicas realizadas por el ministro.

Las declaraciones controvertidas

Según el documento presentado por la defensa de Iglesias, elaborado por el penalista José Antonio Choclán, el juicio gira en torno a un mensaje difundido por Yolanda Díaz el 13 de enero en la red social Bluesky. En este mensaje escribe: “Testimonios aterradores de exempleados de Julio Iglesias. Abuso sexual y esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión constante«. Y añadió: «Gracias a las mujeres valientes y a los periodistas de eldiario.es por el reportaje».

Al día siguiente, en una entrevista con La Hora de la 1, Díaz dijo: «Creo que la investigación que estamos escuchando estos días es aterradora, da pánico. Todas las violaciones de derechos humanos se centran en mujeres que, además, estaban en una posición de extrema inferioridad, extrema como seres humanos, extrema como las trabajadoras de Julio Iglesias. Durante esta intervención también utilizó la expresión «presunto atacante«, refiriéndose al cantante.

La petición del artista

En la solicitud de conciliación, el intérprete pide al vicepresidente que retire sus declaraciones, que reconozca «el daño causado» y que le indemnice «por el importe en el que prudentemente se fija el daño causado en función de la retransmisión realizada por el comportamiento difamatorio y calumnioso«.

La defensa sostiene que las declaraciones atribuyen directamente la condición a «agresor sexual» al cantante y que los denunciantes fueron presentados como «víctimas» de hechos «no acreditados». La carta también critica que el ministro haya utilizado el caso concreto para «extenderlo a una situación generalizada«, vinculándolo a lo que la demanda llama una extrapolación hacia el «abuso sistémico».

Presunción de inocencia

Entre los argumentos presentados, el abogado del artista sostiene que el vicepresidente habría «Falló abiertamente en sus deberes institucionales como alto funcionario del Estado«, al no respetar el derecho a la presunción de inocencia «en su dimensión procesal y social». La defensa entiende que un miembro del Gobierno debe abstenerse de realizar declaraciones que puedan vulnerar este principio.

Fuentes del equipo jurídico del cantante indican que esta es la primera acción legal emprendida en este asunto. Si no se llega a un acuerdo durante el acto de conciliación, el siguiente paso podría ser la presentación de una denuncia formal por difamación o injuria.

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