La adjudicación de viviendas sociales en Alicante está en revisión tras la presentación al Ministerio de Vivienda de un informe elaborado por la Policía Local. El documento analiza la situación de 140 viviendas ubicadas en la urbanización Les Nausen el barrio La Condomina, e incluye posibles irregularidades tanto en el proceso de adjudicación como en la posterior ocupación de los apartamentos.

El trabajo, realizado por las unidades de disciplina urbanística y vecinal a petición del alcalde, Luis Barcala, se ha desarrollado en los últimos días con Inspecciones presenciales para verificar quién reside en las viviendas.. La actuación responde a una petición de la Generalitat y coincide con una investigación judicial ya en curso.

Entre los casos incluidos en el informe se encuentran el de cinco miembros de una misma familia, tres hermanos y dos primosde 18 a 24 años, a quienes se asignaron las viviendas. La portavoz del equipo de gobierno, Cristina Cutanda, expresó dudas sobre cuándo se dieron de alta estos jóvenes como socios de la cooperativa: «¿Cuándo se dieron de alta estos socios de la cooperativa? ¿Cuándo tenían 14 o 15 años? ¿Es posible? ¿La normativa permite que personas con estos perfiles accedan a vivienda pública?».

Inscripciones y conexiones familiares.

El documento también señala más de una decena de situaciones en las que varios miembros de una misma familia obtuvieron apartamentos en el desarrollo. En otro caso, una persona exitosa comparte apellido con otros dos jóvenes, 19 y 22 añosquien también logró acceder a una casa.

Según explicó Cutanda, corresponde a la cooperativa encargada del desarrollo seleccionar a los adjudicatarios y detallar los criterios aplicados. «Las competencias son muy claras en este asunto.«, ha subrayado, recordando que el Ayuntamiento vendió el terreno y lanzó una licitación para las obras, mientras que la cooperativa asumió la atribución. El Ministerio tuvo que aprobar las solicitudes. El funcionario responsable de esta supervisión fue despedido y suspendido de su puesto y sueldo por la Generalitat.

El informe policial también afirma que en 89 de 140 hogares Sólo hay una persona registrada. Sin embargo, la policía local tiene conocimiento de que al menos una veintena de estos inmuebles residen en más personas de las declaradas. También fueron detectados 46 alojamientos sin persona registrada en el momento del control.

Altas y ocupación real

La inspección de los buzones proporcionó más pistas. En 26 viviendas acumula correspondencia y publicidadsugiriendo una ausencia prolongada. Asimismo, los agentes identificaron hasta 12 personas que viven en seis plantas donde el propietario no reside. Para alquilar una vivienda protegida es necesario disponer de autorización expresa del Ministerio, debiendo los adjudicatarios fijar su residencia en el plazo de seis meses desde la firma de la escritura pública.

El caso está en manos de la fiscalía. Hasta la fecha, ha habido Tres dimisiones y cuatro propietarios han comunicado su intención de devolver el alojamiento.. El Ayuntamiento abrió tres expedientes informativos: uno vinculado a dos técnicos urbanísticos, otro a la responsable de dirección de obra, María Pérez-Hickman, y un tercero vinculado al acceso a información confidencial.

La polémica ha generado malestar entre quienes afirman haber sido excluidos del proceso pese a cumplir los requisitos. Uno de los interesados ​​dijo: “Me dijeron que Se vendió todo, así que seguí adelante con mi vida.. Pero claro, ver estas cosas ahora es bastante escandaloso».

Esta tarde está convocada una manifestación en la ciudad. La investigación continúa mientras las administraciones afectadas examinan los procedimientos aplicados en el marco de la promoción.

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