PP, Vox y Junts criminalizan a los que no pueden pagar con su ‘no’ al escudo social mientras Moncloa ya habla de un plan B
PP, Vox y Junts han derribado este jueves el escudo social. Este contenía, entre otras medidas, la ampliación de la prohibición de desalojar a familiares vulnerables sin alternativa. Son 70.000 viviendas, según los sindicatos, que hasta ahora tenían paralizados sus desalojos. El argumento de Junts es que son okupas, pero para beneficiarse de la suspensión, estas familias han tenido que demostrar que se encuentran en una situación de extrema necesidad.
Lo que se ha aprobado es la subida de las pensiones con el voto en contra de Vox. PP, Vox y Junts justifican el derribo del escudo social relacionando la protección de los vulnerables frente a los desahucios con la okupación, criminalizando así a quienes no pueden pagar. El Gobierno, según el ministro Félix Bolaños, lo volverá a intentar: «Siempre hay un plan B».
Una vez más, los 177 votos en contra de PP, Vox y Junts, con los que También han bajado el tope de precios en situaciones de emergencia.han sido decisivos para provocar un enfado que ha sido visible al final del Congreso. «La derecha y la ultraderecha han vuelto a enviar hoy un mensaje muy claro: que las personas vulnerables en España buscan una vida, sin alternativa habitacional, y les insultan, les llaman okupas», ha afirmado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.
De hecho, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, se ha referido a las personas claramente vulnerables a las que el decreto impedía el desalojo: «No a las okupaciones. Si queremos un escudo social, que todos queremos, que se separe de las okupaciones».
Mientras, El Ejecutivo reacciona recordándoles que el año pasado votaron sí a esa misma medida. «Y ahora se suben a esta plataforma, mienten y se mueren de vergüenza por votar no y dejar a la gente en la calle», afirmó el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
El decreto contenía prórrogas como las del bono social de energía, las ayudas DANA, la prohibición de despidos en empresas con ayudas públicas o pagos a cuenta. «Cosas buenas para la gente y espero que la gente tome nota», remarcó Gabriel Rufián.
Sobre el límite de precio, Junts ha dicho que es una manga ancha inaceptable. «Llega un punto en el que piensas que esta gente se ha vuelto loca. Que un Gobierno pide que se le dé total libertad para limitar los precios de los bienes y servicios… Esto, ni siquiera [Donald] Trump», ha expresado Nogueras. Así, han impedido al Gobierno controlar subidas de precios como las que se produjeron tras el accidente de Adamuz.
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