A pocos días de la entrada en vigor de la baliza V16 en España ya se hablaba de un posible revés desde Europa para la Dirección General de Tráfico (DGT). Parecía inocente el 28 de diciembre, pero la realidad siempre supera a la ficción y ahora la Unión Europea acorrala el dispositivo que ha venido a sustituir a los triángulos de emergencia.

En Bruselas no juzgan el funcionamiento del faro V16 ni si es bueno o no desde el punto de vista de la seguridad. Es más una cuestión legal. que pueden tener más viajes de los previstos por la DGT.

La Comisión Europea ha cuestionado el procedimiento que siguió España para imponer la obligatoria baliza V16 conectada a partir del 1 de enero de 2026. En esencia, Se preguntan si el Gobierno ha notificado correctamente la nueva normatal y como exige la legislación de la Unión Europea.

Éste es el origen del problema de la DGT: una directiva que hay que respetar

La Directiva (UE) 2015/1535 es la «culpable» de todo este lío. Esta norma obliga a los Estados miembros a comunicar cualquier proyecto de reglamento técnico a la Comisión Europea antes de aprobarlo. De esta manera, la UE garantiza que las normas nacionales no entren en conflicto con el marco común de la UE.

El vicepresidente ejecutivo de la Comisión, Stéphane Séjourné, recordó que los reales decretos españoles relativos al faro V16 no han sido notificados según este procedimiento. También le recordamos que el incumplimiento podrá dar lugar a acciones de conformidad con el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Es decir, se podrían abrir procedimientos de infracción contra España.

En cambio, el Partido Popular Europeo promovió una petición a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para analizar la legalidad de la medida. Argumentan que el testigo V16 sólo debería imponerse a los vehículos matriculados en España podría violar principios como la igualdad de Trato o proporcionalidad en el mercado interior.

¿Puede seguir suspendida la obligación de la DGT?

Finalmente, si los tribunales consideran que la norma no puede aplicarse por un defecto en el procesamiento, La DGT se enfrentaría a consecuencias bastante graves. Por supuesto, los conductores también.

Para empezar, sería posible impugnar cualquier sanción relativa al no transporte de la baliza V16, basándose en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Suele ser la consecuencia de que una norma no haya seguido el procedimiento legal.

¿Y qué pasa con el dinero que gastan los automovilistas españoles? El faro V16 conectado cuesta entre 30 y 50 euros, pero todo indica que la DGT no debería reembolsar el importe de todos modos. También hay otra implicación económica. El Partido Popular Europeo estima que la implementación de la baliza Podría haber generado hasta 300 millones de euros sólo en IVA..

Dolors Monserrat, secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE) y vicepresidenta del PPE, afirma que «el Gobierno de Sánchez ha priorizado los ingresos por encima de la seguridad vial y la protección del consumidor».

Y también deberían tenerse en cuenta las distorsiones del mercado. La denuncia ante el Parlamento Europeo habla de algo que la DGT ya ha tenido que gestionar, es decir, el número de dispositivos no homologados que han circulado por Internet en los últimos meses. al igual que Publicidad engañosa con faros supuestamente vendidos como «autorizados por la DGT» y en realidad no sirvieron de nada. El problema es que hay muchos automovilistas que todavía no pueden distinguir una luz intermitente homologada de una que no lo es.