La reforma de la regulaciones antitabaco impulsado por el Ministerio de Salud se enfrenta a un escenario complejo tanto en Bruselas como a nivel nacional. El proyecto de modificación del Real Decreto 579/2017 y de actualización de la Ley 28/2005 ha recibido observaciones críticas en el procedimiento europeo TRIS (Sistema de Información de Regulación Técnica), así como varios informes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El texto enviado por el Gobierno incluye, entre otras medidasla prohibición de determinados sabores en los cigarrillos electrónicos, la restricción de dispositivos de un solo uso, la ampliación de los espacios libres de humo -incluidas terrazas y determinados espacios al aire libre- y la igualdad en términos de publicidad y promoción entre los productos tradicionales del tabaco y los dispositivos electrónicos de vapeo.

En el marco del procedimiento europeo, la Comisión Europea ha trasladado observaciones señalando que algunas de las disposiciones podrían afectar a la libre circulación de mercancías y ampliar el ámbito normativo más allá de lo previsto en la normativa comunitaria vigente. Además, seis Estados miembros (Rumanía, Hungría, República Checa, Grecia, Italia y Suecia) han emitido dictámenes motivados. interrogatorio proporcionalidad y necesidad de ciertas restricciones.

Uno de los puntos más controvertidos fue la introducción del empaquetado genérico, finalmente retirado del texto enviado a Bruselas. El Ministerio explicó que la supresión se debe a «cuestiones regulatorias», sin descartar su posible incorporación futura en otro instrumento legislativo.

Advertencias de la CNMC

Paralelamente, la CNMC ha emitido varios informes sobre el anteproyecto. La agencia reconoce la legitimidad de los objetivos de salud pública, pero advierte sobre posibles efectos restrictivos sobre la competencia.

En uno de sus dictámenes, la CNMC señala que determinadas medidas «carecen de justificación suficiente bajo los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación» y que podría «restringir injustificadamente la libertad de empresa y distorsionar la competencia».

Asimismo, la organización cuestiona la comparación automática entre productos de diferente naturaleza. En este sentido, señala que la extensión del régimen tradicional del tabaco a los dispositivos electrónicos «puede no estar suficientemente motivada desde el punto de vista regulatorio» y recomienda evaluar «alternativas menos restrictivas» que permitan lograr objetivos de salud minimizando los impactos económicos adverso.

También advierte que algunas restricciones podrían favorecer ciertos canales de distribución frente a otros, alterando las condiciones de competencia en el mercado.

Directiva europea en revisión

El debate coincide con la revisión en curso de la Directiva Europea sobre Productos del Tabaco (TED), que podría redefinir el marco armonizado en el unión Europea en materia de regulación y tributación de estos productos.

Este contexto obliga a los Estados miembros a evaluar el alcance de sus reformas nacional para evitar conflictos con el mercado interior. Cualquier medida técnica que pueda afectar al comercio intracomunitario deberá ser notificada y podrá ser objeto de observaciones u opiniones si otros países consideran que introduce barreras desproporcionadas.

El proyecto español continúa su tramitación parlamentaria en un escenario político y regulatorio complejo. A nivel europeo, la evolución de la revisión de la Directiva sobre Productos del Tabaco (TED) será decisiva para establecer el margen de acción de los Estados miembros en materia de regulación y fiscalidad.

Precisamente por ello, distintas fuentes del sector alertan de la importancia de que España contribuya de forma constructiva a este proceso europeo, favoreciendo un acuerdo equilibrado entre los socios comunitarios. El tasas actualmente elevadas en la revisión TED se consideran excesivos por varios Estados miembros y por gran parte de la industria, al tiempo que cuestiona la igualdad fiscal y regulatoria entre el tabaco tradicional y los productos alternativos, cuya naturaleza, perfiles de riesgo y patrones de consumo son diferentes.

En este contexto, la clave no es sólo el alcance de la futura ley antitabaco española, sino también su coherencia con el marco comunitario bajo construcción. Avanzar unilateralmente con medidas más restrictivas que las previstas en la normativa europea puede agravar los conflictos con el mercado interior y dificultar la consecución de un consenso en Bruselas, cuando la propia revisión del TED requiere precisamente diálogo, proporcionalidad y coordinación entre Estados miembros.