Una familia de cinco hijos, entre ellos cuatro menores, fue expulsada este miércoles en Las Palmas de Gran Canaria tras de no poder pagar el alquiler de su alojamiento. María, nombre ficticio para preservar su identidad, asegura que tuvo un alojamiento alternativo gracias a un programa del gobierno de Canarias. Lo único que necesitaba era un mes de margen para poder moverse.

Una familia desalojada a pesar de tener una vivienda alternativa

Como explica María,La familia pagaba un alquiler de 800 euros al mes. Sin embargo, la caída de sus ingresos durante la pandemia deterioró su situación económica al perder su trabajo en el sector hotelero, imposibilitando mantener sus pagos.

“Con la pandemia todo decayó, los ingresos bajaron y ya no pudimos mantenerlos”, afirma. Pese a ello, María explica que logró acceder a una Programa de vivienda del Gobierno de Canarias que te ofrece una alternativa de alojamiento, aunque fuera de la ciudad, en Ingenio. Podrán acceder a este apartamento en un mes, por lo que lo único que pidió la familia fue tiempo. «Sólo pedimos un aplazamiento de un mes. Un mes sería suficiente para que nos dejen avanzar como debemos», explica.

Aléjate y levántate a las cinco de la mañana.

La alternativa propuesta consiste en desplazarse a otro municipio, lo que supone dificultades logísticas para una familia numerosa que no dispone de vehículo propio ni permiso de conducir. Según María, la nueva ubicación no tiene conexión directa de transporte público con la capital. “Hay que coger cuatro autobuses y los horarios están escalonados”él explica.

Esto obligaría a sus hijos a levantarse muy temprano para ir a la escuela. “Mis hijos se levantan a las cinco de la mañana y desayunan a las cuatro de la tarde”, afirma. Para la familia, mudarse significa empezar de nuevo y reorganizar su vida cotidiana con recursos muy limitados.

Un mercado de alquiler cada vez más inaccesible

Más allá de su caso particular, María considera que su situaciónrefleja un problema mayor que afecta a muchas familias Trabajadores de Canarias. Según la denuncia, incluso cuando se intenta acceder a una vivienda nueva, las condiciones solicitadas por muchos propietarios son imposibles de cumplir para quienes tienen ingresos bajos o medios. “Piden tres cuotas mensuales además de una garantía con el importe del alquiler, agua y luz, y que cada persona tenga 450 euros al mes para vivir”, explica. Con un salario mínimo interprofesional, afirma que estas reivindicaciones son “prácticamente irrealizables”.

El fin del escudo social

Durante la pandemia, el gobierno central aprobó un paquete de medidas conocido como “escudo social” que incluía suspender muchos desalojos de personas vulnerables sin vivienda alternativa. Sin embargo, muchas de estas medidas han ido disminuyendo paulatinamente en los últimos años, exponiendo una vez más a muchas familias a procesos de desalojo.

Para María, el problema no es sólo personal, sino estructural. «Esto no me está pasando sólo a mí porque soy una familia vulnerable. Esto tendrá un efecto dominó para muchas personas que trabajan y ganan el salario mínimo». Según él, el aumento de los alquileres convierte la vivienda en un negocio inaccesible: «Somos esclavos de un negocio llamado vivienda. Y la vivienda debe ser digna», concluye.

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