LEÓN, 14 de marzo (EUROPA PRESS)-

La Guardia Civil investiga a un propietario de un vehículo que realizaba transporte escolar sin autorización de transporte en la provincia de León.

Esta persona fue identificada el pasado mes de enero durante la campaña especial de control del Transporte Escolar de la DGT y en el marco de las labores de vigilancia que realiza la Guardia Civil para controlar el correcto cumplimiento de la normativa que regula esta materia.

Durante las vigilancias que se establecieron en la provincia de León, los agentes detectaron un vehículo que realizaba transporte regular de uso especial «transporte escolar» para dos menores de edad, por lo que solicitaron al conductor la documentación correspondiente y comprobaron que dicho vehículo no contaba con autorización de transporte VT para operar con Auto-Taxi.

Pese a ello, la placa de matrícula trasera ordinaria había sido sustituida por una placa especial con fondo azul y caracteres alfanuméricos blancos, específica de los vehículos dedicados al transporte público de viajeros en vehículos de turismo o vehículos de alquiler con conductor, dedicados al transporte de viajeros.

Al observarse esta circunstancia de la que podía derivarse un delito penal, el Equipo de Transporte fue notificado al Grupo de Investigación y Análisis (GIAT) de la Unidad de Investigación del Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Castilla y León, que se dirigió al lugar con el fin de realizar unas diligencias iniciales.

Así, se podría confirmar la autoría del investigado como administrador único y propietario de la empresa de transporte comercial como autor de un delito de falsedad documental, según informa la Guardia Civil en un comunicado recogido por Europa Press.

Además, se presentaron dos denuncias por infracciones del Reglamento de Transportes, una por no faltar a la autorización específica para el transporte escolar, sancionada con 2.001 euros y otra por falta de permiso para realizar el transporte regular de escolares, sancionada con 4.001 euros.

El delito de falsificación de documento público está incluido en el art. 392 del Código Penal y puede acarrear una pena de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.