BRUSELAS, 20 de marzo (EUROPA PRESS)-

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han pedido este jueves a la Comisión Europea una «respuesta coordinada» y «sin demora» con medidas «temporales y específicas» para contener la subida de los precios de los combustibles y abaratar la electricidad, en un esfuerzo por frenar el impacto del conflicto en Oriente Medio sobre los precios de la energía.

En las conclusiones adoptadas por el Consejo Europeo celebrado en Bruselas, los líderes subrayaron que la escalada está teniendo un «impacto inmediato» en los precios de la energía para los ciudadanos y empresas europeos, en un contexto marcado por tensiones en la región y amenazas a rutas estratégicas como el Estrecho de Ormuz.

Por ello, los Veintisiete han pedido a la Comisión que presente una «caja de herramientas» con medidas urgentes para actuar «sobre todos los componentes del precio de la electricidad» con el objetivo de facilitar una reducción a corto plazo, aunque teniendo en cuenta las diferentes situaciones nacionales y sin poner en riesgo las señales de inversión necesarias para las energías renovables y bajas en carbono.

En este contexto, los líderes europeos han reabierto el debate sobre el papel del sistema de comercio de emisiones (ETS), al que señalan como uno de los factores que afectan a la factura energética, junto con el coste del combustible o los impuestos.

Aunque el Consejo Europeo mantiene por ahora el calendario previsto para su revisión, fijado para julio de este año, el debate ha revelado una creciente división entre los Estados miembros sobre hasta qué punto se debe flexibilizar el sistema ante el aumento de los precios de la energía.

DIVISIÓN ENTRE LOS VEINTIETE

Por un lado, países como Italia, Polonia o Alemania defienden introducir ajustes para paliar el impacto en la industria y los consumidores, proponiendo en algunos casos también medidas como recortes de impuestos o ayudas a sectores intensivos en energía.

Frente a esta postura, otros como España, Portugal o los nórdicos abogan por preservar el ETS como instrumento central de la política climática europea, al considerar que debilitarlo podría poner en riesgo la transición energética y aumentar la dependencia de los combustibles fósiles.

«España va a defender, como ha defendido junto a otras naciones y otros gobiernos europeos, de todas las familias políticas, la necesidad de no debilitar, sino incrementar y fortalecer las políticas de energías verdes, que no sólo nos permitan responder al reto que sufre la humanidad, que es el cambio climático, sino que también nos permitan defender el bolsillo de los ciudadanos», ha remarcado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada a la reunión.

En esta línea, ha advertido de que algunos ejecutivos están aprovechando la crisis para «cuestionar» las políticas climáticas y ha defendido reforzarlas como parte de la solución. «Creo que España puede dar buenos ejemplos de cómo esta transformación energética, de cómo esta apuesta por las renovables, está haciendo a nuestros conciudadanos, a nuestras industrias, a nuestras empresas, a nuestros trabajadores», insistió.

Lo que está por ver es cómo se aborda la revisión de este mecanismo, al que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, atribuye un papel clave en la reducción de las emisiones industriales y al que reconoce la necesidad de preservar sus logros.

«La próxima revisión del sistema de comercio de emisiones resolverá algunos problemas importantes», afirmó el jefe del Ejecutivo comunitario en una rueda de prensa posterior al Consejo Europeo, refiriéndose concretamente a cuestiones como la volatilidad del precio del carbono o el impacto en la industria.

En este sentido, ha indicado que el Ejecutivo comunitario está trabajando en ajustes del sistema, como actualizar los parámetros de referencia de las asignaciones gratuitas y reforzar los mecanismos destinados a reducir la volatilidad de los precios, con el objetivo de dar respuesta a las preocupaciones de los sectores más expuestos.

Von der Leyen ha defendido el papel del ETS como instrumento clave de la política climática europea, destacando que en sus casi dos décadas de funcionamiento ha fomentado la inversión en tecnologías limpias y ha contribuido a reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados.

«Ha habido una actitud muy positiva hacia el sistema de comercio de emisiones, porque en el contexto de la crisis actual ha quedado claro que somos vulnerables debido a nuestra dependencia de la volatilidad de los precios mundiales de los combustibles fósiles», afirmó el presidente alemán.

Paralelamente, ha insistido en que la respuesta a la crisis energética debe combinar iniciativas a corto plazo con reformas estructurales, en un momento en el que los precios del gas han aumentado tras los ataques a las infraestructuras energéticas en la región y persisten los riesgos para el suministro.

‘UNA EUROPA, UN MERCADO’

Este debate energético se enmarca en un debate más amplio sobre competitividad, que los jefes de Estado y de Gobierno han abordado en el marco de la nueva agenda ‘Una Europa, un mercado’, con la que buscan dar un impulso político a la integración del Mercado Único y eliminar las barreras internas.

En este sentido, los dirigentes han establecido una hoja de ruta con hitos concretos en los próximos meses, entre ellos la presentación en junio de este año de una declaración electrónica común para las empresas, en el marco de los esfuerzos por simplificar los trámites y facilitar la actividad transfronteriza.

El calendario también prevé avances este año en ámbitos clave como el reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales en otoño y la publicación de un informe sobre la competitividad del sector bancario en verano, así como el lanzamiento antes de finales de año del llamado ‘régimen 28’ o ‘EU Inc’ para facilitar la actividad de las empresas en el mercado único.

Asimismo, los Veintisiete apuestan por reforzar la digitalización y la simplificación administrativa, con iniciativas como la ‘European Business Wallet’, y reclaman una reducción de las cargas burocráticas tanto a nivel europeo como nacional, evitando nuevas exigencias durante el proceso legislativo y limitando la sobrerregulación por parte de los Estados miembros.

Además, la agenda vincula la competitividad con la política industrial y de inversión, al incluir iniciativas como la adopción de un paquete de redes energéticas, el desarrollo del euro digital, el impulso de la titulización y los sistemas de pensiones complementarios, así como un futuro de la Ley de Aceleración Industrial para fortalecer la base industrial europea.