BARCELONA, 25 de marzo (EUROPA PRESS)-

Decenas de personas se concentran este miércoles por la mañana frente al bloque de Sant Agustí 14 de Barcelona, ​​en el distrito de Gràcia, donde está previsto el desalojo de uno de los inquilinos, Txema Escorsa, después de que un fondo de inversión le haya demandado por construir ‘colivings’, un modelo de vivienda que consiste en alquilar habitaciones por un precio que puede llegar hasta los 950 euros, explicó.

En una comparecencia ante los medios, Escorsa ha agradecido a todas las personas que se han movilizado para evitar este desalojo: «Si venimos aquí es para decir que no van a pasar. Esto no es un problema personal ni sindical, es mucha gente que entiende que la vivienda tiene que ser un derecho y no un negocio».

Escorsa compareció el pasado enero ante los tribunales cuando se negó a salir de su casa, donde vive desde 2015, aunque ha detallado que el fondo compró el edificio en 2023 y en febrero de 2025 llamó a los vecinos para decirles que no los querían, alegando que no eran el perfil de vecino que buscaba, según el inquilino.

«La esperanza es lo último que se pierde», declaró Escorsa, quien precisó que son muchos los vecinos que se ven afectados por este tipo de prácticas.

UNIÓN LLOGATERES

El portavoz del Sindicato de Llogateres, Enric Aragonès, ha celebrado que desde el martes por la noche la calle esté «desbordada de gente» para ofrecer apoyo a Escorsa y ha criticado que los pisos donde vive la gente se transformen en ‘colivings’.

«¿Cuántos policías está dispuesto a enviar el Gobierno? ¿Cuánto dinero público se gastará en una fuerza policial para que un fondo de inversión holandés pueda convertir apartamentos en ‘colivings’ que el Ayuntamiento ya ha calificado de ilegales?» expresó Aragonès.

De hecho, la primera teniente de alcalde y concejala de Gràcia, Laia Bonet, explicó en la Comisión de Urbanismo el pasado mayo de 2025 que el consistorio ha multado a los ‘colivings’ de esta manzana hasta en 6 ocasiones tras diversas inspecciones al edificio, y advirtió de su intención de seguir haciéndolo hasta que el inmueble cumpla con la ley.

Por otro lado, indicó que la voluntad de negociar se mantiene intacta, aunque dijo: «Es una pelea que estamos dispuestos a ganar».

En este sentido, la portavoz del Sindicat d’Habitatge de Gràcia, Berta Munné, ha dicho que cuando llegue la delegación judicial su actitud será la de negociar, a la espera de ver su actitud y la del papel del Defensor del Pueblo de Barcelona, ​​aunque ha precisado que «no está del todo claro».