Rusia ha decidido apoyarse en el uso expansivo de la inmunidad soberana que viene haciendo España para intentar evitar el pago de laudos arbitrales por energías renovables. El Kremlin, que entabla una demanda por más de 242 millones de dólares ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos por la expropiación de activos energéticos ucranianos en Crimea, ha replicado la estrategia jurídica desplegada por el Gobierno de Pedro Sánchez para tratar de evitar el pago de sus obligaciones.

Las bases planteadas por Moscú siguen el modelo de las del Ejecutivo español. Sus abogados sostienen que Los tribunales estadounidenses ni siquiera deberían admitir demandas contra un Estado si no se ha demostrado previamente, en la fase jurisdiccional, que dicho Estado consintió expresamente en el arbitraje con las empresas demandantes. Es decir, busca elevar el listón hasta el punto de bloquear la ejecución de laudos que, de hecho, ya han sido reconocidos por tribunales de arbitraje internacionales.

El Kremlin ha señalado explícitamente el caso. España contra Blasketque también está pendiente ante la Corte Suprema del país norteamericano, como referente clave. En dicho procedimiento, España defiende que los jueces estadounidenses no pueden ejecutar laudos arbitrales sin comprobar previamente la existencia de consentimiento inequívoco al arbitraje en virtud del correspondiente tratado.

La consecuencia práctica de esta doctrina sería clara: retrasar o impedir directamente el cobro de compensaciones reconocidas a los inversores internacionales. El paralelismo no es menor. En el caso español, estamos hablando de más de 1.700 millones de euros en adjudicaciones pendientes tras los recortes retroactivos a las renovables. En el expediente ruso, se trata de compensaciones a empresas ucranianas cuyos activos fueron embargados después de la anexión de crimea en 2014.

En ambos escenarios, los Estados demandados recurren a interpretaciones restrictivas del Convenio del CIADI y la excepción de arbitraje de la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) para eludir sus obligaciones. Los equipos jurídicos también coinciden, ya que algunos de los abogados contratados por España también están al servicio del régimen de Putin en este caso.

De prosperar la tesis defendida por España y ahora invocada por Rusia, el sistema internacional de protección de las inversiones sufriría un duro golpe, ya que bastaría con cuestionar el consentimiento al arbitraje en la fase preliminar para paralizar durante años la ejecución de los laudos, erosionando la seguridad jurídica y desalentador inversión extranjera por la falta de garantías y salvaguardas.

Así, si la defensa española y rusa se salieran con la suya, esas Los países que incurran en conductas abiertamente expropiatorias podrían eludir sus responsabilidades. La posición del Gobierno de Sánchez, por tanto, se convierte ahora en un argumento paradigmático, en la medida en que la estrategia de no pagar las indemnizaciones amenaza con sentar un precedente más amplio a nivel mundial. Sin embargo, la decisión final corresponde al Tribunal Supremo, cuya decisión sobre el diferendo con España está prevista para mediados de 2026.

Últimas novedades

En los últimos meses, España ha recibido varios golpes por parte de la justicia estadounidense, que ya ha registrado siete de las 27 sentencias adversas dictadas contra nuestro país por la retirada retroactiva de la primas renovables. Asimismo, el Tribunal Supremo del Reino Unido falló recientemente contra España en un caso muy similar, dejando el caso listo para pronunciarse. Lo mismo ocurre en Australia, donde el pasado 2025 se dictó una sentencia del Tribunal Superior que condena definitivamente a España a asumir los pagos pendientes. Dadas estas circunstancias, los acreedores están empezando a rastrear los bienes y activos del Reino, como medida de protección contra impagos, que pueden dar lugar a embargos e incautaciones.