la UE busca endurecer su modelo migratorio
Europa estudia cómo reforzar su Guardia de Fronteras y Costas, conocida como Frontex, en un momento de endurecimiento del control migratorio. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha propuesto triplicar el número de efectivos, pasando de 10.000 a 30.000 agentes, que se espera que se involucren más en las expulsiones y retornos, algo que forma parte del mandato de Frontex desde su origen pero en lo que hasta ahora ha mantenido un perfil bajo, limitándose a la zona inmediatamente pegada a la frontera. Además, la deportación de migrantes a terceros países está un paso más cerca de convertirse en legal en la UE, después de que el Parlamento Europeo fijara una posición favorable para facilitar los centros de migrantes fuera de las fronteras de la UE, como quiso hacer la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en Albania.
[–>[–>[–>Con estas nuevas restricciones sucediendo en paralelo a ambos lados del Atlántico, los expertos en políticas migratorias comienzan a trazar paralelismos entre el modelo migratorio europeo, que mira hacia el Estados Unidos de Donald Trump y su propia transformación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). «Hace unos años habría dicho que comparar Frontex con ICE era una exageración; ahora ya no lo tengo tan claro», explica a EL PERIÓDICO Xavier Aragall, responsable del programa de migraciones del Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed).
[–> [–>[–>Pero la mayor pregunta es a qué se van a dedicar estos nuevos recursos de los que se planea dotar a la guardia fronteriza. «Si se consolidan los centros fuera de la UE, se amplían las detenciones y se aceleran los retornos, se abre la puerta a un modelo mucho más coercitivo”, añade. La revisión y ampliación del mandato de Frontex, que debería estar lista después de verano, coincide con la entrada en vigor este junio del nuevo Pacto sobre Migración y Asilo de la UE, que es marcadamente más restrictivo en política migratoria. Aragall advierte que esto podría traducirse en «medidas de seguridad desproporcionadas, cruce intensivo de datos personales y persecución de personas para ejecutar retornos».
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En EEUU, la búsqueda de personas sin papeles puerta por puerta, en lugares de trabajo que emplean a mano de obra migrante o hasta en centros de renovación de documentos ha sido justamente el tipo de actuaciones de la Administración de Donald Trump que han despertado grandes protestas sociales en ciudades como Los Ángeles o más recientemente Minneapolis, donde dos ciudadanos estadounidenses fueron disparados mortalmente por agentes mientras participaban en protestas pacíficas.
[–>[–>[–>«El problema es que Frontex ya no es solo un complemento técnico: cada vez toma más protagonismo en el control fronterizo europeo», sostiene. El riesgo, dice, es que cuantas más herramientas, más datos y más margen acumule Frontex, más se abre la puerta a abusos y a una externalización del control migratorio que acabe descansando sobre socios cada vez más cuestionables. «Europa puede acabar legitimando y reforzando gobiernos autoritarios a cambio de colaboración migratoria», alerta.
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Activistas piden la supresión de FRONTEX en el Centro de Coordinación Regional de Canarias, bajo el lema «Más Salvamento Marítimo, menos Frontex» / Elvira Urquijo A. / EFE
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Más centros como el de Albania
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La redacción de este nuevo marco legal viene a «ofrecer base legal a prácticas que Frontex ya realiza», afirma la jurista Laura Salzano, especialista en derecho de la UE y migración. Bruselas intenta construir el armazón legal alrededor de una expansión que la agencia ya venía desplegando en una zona gris, mientras busca seguir ampliando competencias.
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[–>Para Salzano, el gran problema es que ese blindaje puede llegar sin resolver la pregunta decisiva: quién responde cuando las cosas salen mal. La prioridad, sostiene, debería ser «clarificar el régimen de responsabilidad» entre Frontex y los Estados miembros. Y las responsabilidades se diluyen todavía más en las actuaciones en terceros países.
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Cuando Giorgia Meloni abrió un centro de migrantes en Albania y la justicia italiana la obligó a dar marcha atrás, pareció que se establecía un precedente contra la externalización de la política migratoria europea. Sin embargo, ha ocurrido más bien lo contrario. El Pacto Migratorio dejó sin resolver las deportaciones a terceros países en su Pacto Migratorio, pero sin embargo lo aprobó este jueves en el nuevo Reglamento de Retornos que hace legal en la UE lo que a Meloni le impidió la justicia italiana.
[–>[–>[–>«Lo que parece querer hacer la Comisión Europea es generalizar el esquema Italia-Albania», señala la jurista italiana, profesora de Esade en Barcelona. Pero Bruselas va más allá: si el modelo italiano buscaba trasladar fuera de la UE la tramitación de solicitudes de asilo, lo que ahora se discute es abrir en terceros países centros a los que enviar a migrantes expulsados de territorio europeo.
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«Cuando estos centros se abran en terceros países, lejos de la UE, va a crear un problema de transparencia y rendición de cuentas», advierte y añade que el problema de las responsabilidades se agravará. «Si ya tenemos un problema de control judicial de Frontex dentro de Europa, será todavía más difícil exigir responsabilidades cuando actúe en terceros países.»
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Hipervigilancia sin protección
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El despliegue de la tecnología de hipervigilancia y compartición de datos está avanzando más deprisa que las garantías, según Irene Baceiredo, investigadora de la Universidad de Deusto especializada en fronteras y derechos humanos: «Me preocupa que Frontex pretenda debilitar la protección de datos y usar la información recopilada para fines para los que no se recogió», afirma. La infraestructura de vigilancia permite detectar, clasificar y seguir trayectorias migratorias con mucha más precisión que antes, y se plantean objetivos como hacer el seguimiento del cruce de fronteras internas de la UE, pero la vigilancia remota genera nuevas paradojas.
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«Quitar barcos para sustituirlos por drones o cámaras a distancia, crea situaciones en las que Frontex es testigo de violaciones de derechos humanos, pero no tiene capacidad de intervención», explica Baceiredo, que referencia a grabaciones de Frontex en las que se ve a la Guardia Costera libia agrediendo a migrantes, y sobre las que no se hizo nada. «Entiendo que se quiera reforzar el reglamento de Frontex, pero también deberían reforzarse las obligaciones de derechos humanos de la agencia».
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La ampliación de efectivos, la cobertura legal de prácticas ya existentes, los centros en terceros países y la vigilancia basada en datos perfilan una agencia cuyas competencias van mucho más allá de la frontera. El debate gira ahora entorno a qué medios está dispuesta la UE a poner al servicio de la Europa fortaleza.
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