La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha propuesto al Gobierno dar más poderes a las distribuidoras de gas para luchar contra el fraude. Competencia propone, entre otras medidas, que empresas como Naturgy, Nortegas o Redexis puedan realizar inspecciones sin previo aviso e incluso cortar el suministro si potenciales defraudadores impiden el acceso a la vivienda.

La organización que preside Cani Fernández ha emitido un informe en el que insta al Ministerio para la Transición Ecológica a modernizar el marco legal que regula las inspecciones de gas natural. A Reglamento obsoleto que en algunos aspectos se remonta a reglamentos de 1973..

El objetivo de Competencia es dotar de mayor poder y autonomía a las empresas distribuidoras de gas en España para que puedan actuar con mayor rapidez y frenar a quienes manipulan instalaciones y contadores para no pagar el suministro de gas.

El principal distribuidor en España es Naturgy, que cuenta con una cuota de mercado del 70% a través de su filial Nedgia, seguida de Nortegas con, principal distribuidora de la zona norte (País Vasco, Cantabria, Asturias), Redexis, Madrileña Red de Gas, con fuerte presencia en la Comunidad de Madrid, y Gas Extremadura.

Son ellos, junto con el personal competente de las comunidades autónomas, quienes están autorizados a realizar inspecciones rutinarias siempre que cumplan una serie de requisitos.

Inspecciones no anunciadas y cortes de suministro

Una de las medidas más llamativas de la propuesta es la posibilidad de que los distribuidores realizar inspecciones por iniciativa propia sin comunicación previa al consumidor.

La lógica utilizada por el regulador se basa en que, en muchos casos, El fraude se detecta precisamente durante las visitas rutinarias de lectura de contadores. Exigir una notificación previa equivaldría, en la práctica, a notificar al defraudador.

En esta línea, una vez en casa, El inspector deberá intentar localizar al propietario del punto de suministro o al usuario de energía e invitarle a estar presente.. Si no fuera posible acceder a la instalación en esa primera visita, se notificará al usuario una segunda cita con al menos siete días de margen.

Si tampoco se permite el acceso en ese segundo intento, El distribuidor está autorizado a interrumpir el suministro. gas. De hecho, Competición propone que si se dan circunstancias de riesgo durante la visita, la empresa pueda llamar a las fuerzas y cuerpos de seguridad estatales y autonómicos para garantizar el acceso.

La propuesta incluye cortar automáticamente el suministro en los casos en los que el fraude suponga un riesgo para la seguridad de las personas o de las instalaciones, cuando existan conexiones directas a la red sin contrato -las llamadas “conexiones ilegales”- y en los casos de derivaciones y derivación que permiten consumir gas sin pasar por el equipo de medida.

Además, en el resto de situaciones fraudulentas, El inspector podrá suspender el servicio si advierte que se han alterado las condiciones técnicas. de la instalación.

Para recuperar el suministro, el propietario deberá subsanar las anomalías detectadas y aportar la documentación técnica necesaria para la puesta en marcha de una instalación receptora.

Si el corte no se realiza de forma inmediata, el usuario dispone de un máximo de cinco días hábiles para regularizar la situación. De lo contrario, el Distribuidores como Naturgy también podrán proceder al recorte.

El distribuidor calculará el impacto del fraude

En cuanto a las cantidades defraudadas, la propuesta de la CNMC faculta para los propios distribuidores para establecer la valoración económica del fraude y responder a las alegaciones de los consumidores en el marco del expediente de fraude.

la empresa debe elaborar un informe de valoración económica que determine cuánta energía se ha defraudado y por cuanto tiempo. El plazo máximo que se puede reclamar es de tres años, aunque si no es posible determinar cuándo comenzó el fraude se aplicará por defecto un plazo de dos años.

Para calcular el coste de la energía impaga, la CNMC propone tomar como referencia el precio medio del Mercado Ibérico del Gas (MIBGAS), el mercado mayorista de referencia para España, durante el periodo de fraude.

A esta cifra se suman los peajes y cargos -costes fijos dentro de la factura energética- que hubieran correspondido al punto de suministromás un recargo adicional de 10 euros por megavatio hora tanto en peajes como en cánones, con el objetivo explícito de que el proyecto de ley tenga un efecto disuasorio y no se limite a recuperar lo defraudado.

En el caso de las viviendas en las que no es posible estimar el consumo real, el informe establece un consumo estándar en función de la zona climática: desde 6.000 kilovatios hora al año para las zonas más cálidas hasta 18.000 para las más frías.

Sin embargo, el regulador pretende disponer de un mecanismo de pago rápido para que aquellos defraudadores que reconozcan rápidamente la infracción puedan ver reducida su multa.

Si el consumidor paga la deuda en un plazo máximo de 20 días hábiles desde que recibe la notificación, Los recargos adicionales se reducirán a la mitad. Esta opción, sin embargo, implica abstenerse de presentar alegaciones o interponer recursos.

Asimismo, la CNMC propone que quienes no puedan realizar el pago de una sola vez puedan Divida toda la deuda en seis pagos mensuales.

La CNMC propone que los consumidores también informen

La propuesta no limita la iniciativa de inspección a los distribuidores. La CNMC establece expresamente que tanto el Los consumidores y los comerciantes podrán denunciar el fraude para que se puedan realizar inspecciones..

Es una puerta abierta a cualquier vecino que sospeche que se está produciendo una conexión ilegal en su edificio puede informar al distribuidor y exigir medidas.

Sin embargo, el regulador destaca que «los gastos generados por la inspección Será responsabilidad del solicitante de la inspección en el caso de que la inspección no detecte fraude.y a cargo del responsable del fraude, en caso de detección del mismo.

No obstante, Competencia considera que estos cambios deberían aprobarse mediante real decreto, en línea con lo establecido en la Ley de Hidrocarburos. La pelota queda ahora en el tejado del Ministerio para la Transición Ecológica.