El Gobierno español ha vuelto a sufrir un nuevo revés judicial en Estados Unidos por el conflicto de las energías renovables. El último revés ha llegado de la mano del Tribunal de Distrito de Columbia, que ha dictado una nueva resolución ejecutoriada del laudo arbitral del CIADI interpuesto contra España, en relación con los recortes retroactivos a las energías renovables y específicamente vinculado al «caso Watkins». Este procedimiento se encuentra en fase de ejecución tras la sentencia de septiembre de 2025, que reconoció el laudo internacional y condenó al Gobierno a pagar 93 millones de euros -los 77 millones de la sentencia original más intereses de demora, costas y otras obligaciones adicionales-, pactando con los acreedores.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez, a través de la Fiscalía del Estado, ha intentado suspender la ejecución de la sentencia y anular los requerimientos de información y notificaciones judiciales remitidos por los acreedores a entidades y organismos que mantienen relaciones económicas con el Estado. Sin embargo, el tribunal ha concluido que ha transcurrido un plazo razonable desde la condena sin que España haya realizado el pago ni aportado garantías, lo que permite a los acreedores iniciar medidas de embargo sobre bienes del Estado español en territorio estadounidense. Asimismo, la resolución autoriza a los demandantes a registrar la sentencia en cualquier distrito judicial de Estados Unidos, permitiendo ampliar la ejecución a nivel nacional y facilitando la identificación de activos en múltiples jurisdicciones.

Gracias a esta sentencia, las empresas afectadas ya anuncian que van a activar un procedimiento para rastrear activos que afecten a las operaciones de la selección española de fútbol en el Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Las transacciones mantenidas con Adidas, Hilton, Baylor School o FIFA están ahora en el punto de mira de los acreedores, que pueden proceder a reclamar el embargo de dichas operaciones de pago o cobro, «bloqueando así la capacidad del Estado español de seguir actuando sin consecuencias tras un gran número de impagos e impagos», informaron fuentes judiciales.

El tribunal apoya expresamente el uso de mecanismos de rastreo de activos, incluida la emisión de notificaciones judiciales a entidades financieras, empresas y terceros con relaciones económicas con España, en línea con el amplio alcance del proceso de descubrimiento en el derecho procesal estadounidense.

En su resolución, el Tribunal rechaza los argumentos del Gobierno basados ​​en la supuesta imposibilidad de pago derivada del derecho de la Unión Europea, así como la existencia de recursos pendientes, señalando que «ninguno de estos factores justifica la suspensión de la ejecución». Esta decisión representa un paso decisivo en la fase de ejecución internacional de los laudos en energías renovables, al permitir a los acreedores avanzar desde la identificación de los activos hasta su eventual embargo y realización efectiva para el cobro de las indemnizaciones judicialmente reconocidas.

Además, se niega a España «la posibilidad de suspender los requerimientos de información y notificaciones judiciales remitidos a terceros con los que mantiene relaciones económicas». En la misma línea, “se autorizan nuevos procedimientos similares, que tienen como objetivo el seguimiento de bienes para proceder a su embargo e indemnización a los acreedores”. Asimismo, el tribunal ha decretado que España seguirá siendo considerada «un país deudor, negando las pretensiones de inmunidad soberana y destacando que ha transcurrido el tiempo suficiente para cumplir con las obligaciones de pago pendientes». Finalmente, el perímetro de estas posibles medidas se amplía a todo el territorio de Estados Unidos.

España se enfrenta ya a una factura de 2.300 millones de euros derivada del conflicto internacional por los recortes a las energías renovables aprobados hace más de una década. Una deuda millonaria que sigue creciendo a causa de intereses, costas judiciales y nuevas sentencias en tribunales extranjeros, y que amenaza con traducirse en embargos de bienes públicos en distintos países.