Aunque el Ejecutivo de Pedro Sánchez alarde de su política social, basada principalmente en el otorgamiento de pagos y subsidios, lo cierto es que el aumento de personas que dependen de una prestación pública para vivir es una clara señal del empobrecimiento de la población. Por tanto, resulta sorprendente que desde un punto de vista Gobiernoal igual que en español, se valora positivamente que prestaciones como IMV o las rentas de inserción llegan cada vez a más personas.

Sin embargo, el Gobierno insiste en presentar la prórroga de su red de ayudas y subvenciones. En concreto, la semana pasada se reunió con el presidente de Navarra para abordar las políticas de inclusión, ocasión que aprovechó, una vez más, para presentar esta política como un gran éxito de política pública.

Agujero de más de 100 millones

El pasado viernes 10 de abril, el Ministro de Seguridad Social, Elma Saizse reunió con el presidente de Navarra, María Chivita. En este encuentro, según informó el Gobierno en sus redes sociales, Saiz y Chivite abordaron las políticas de inclusión social y destacaron al respecto que «Navarra es una de las comunidades que mejor convive con el IMV, garantizando una mayor protección social».

En este sentido, la ministra de Seguridad Social quiso presumir en sus redes sociales de que «cuando todas las administraciones reman a favor, mejoramos la calidad de vida de la poblaciónEn este sentido, Saiz también ha apuntado que “en el caso de Navarra, la Renta Garantizada y el IMV son un ejemplo de que sumar esfuerzos multiplica los beneficios”.

Ahora bien, lo cierto es que la política de inclusión social esconde una letra pequeña que hay que analizar. En este sentido, lo que más llama la atención es que Saiz afirme que este tipo de medidas suponen una mejora en «la calidad de vida de la población». Para empezar, porque estos beneficios sociales condenan a sus beneficiarios a un círculo vicioso de pobrezaimpidiéndoles prosperar y disuadiéndoles de entrar en el mercado laboral.

Por otro lado, no podemos olvidar que un aumento del número de beneficiarios de prestaciones sociales no puede, en ningún caso, ser motivo de optimismo para un Gobierno. El aumento del número de personas que dependen de un subsidio para vivir demuestra, en definitiva, que la población es cada vez más pobre. De esta manera, como hemos informado en Libre Mercado, en el mes de marzo hubo más de 2,53 millones de personas en nuestro país que se beneficiaron del IMV.

Sin embargo, resulta especialmente relevante que la gestión de estas prestaciones por parte del Gobierno autonómico de Navarra supone un gran agujero en las cuentas públicas. En este sentido, el Partido Popular denuncia que, desde la entrada en vigor de la actual renta garantizada, La pobreza en Navarra «ha aumentado un 28%a pesar de tener una de las ayudas más altas de todo el país”. Además, aseguran que, según la Policía Foral, “el 76% de las rentas garantizadas que se están dando en esta comunidad tienen incumplimiento”.

Así, desde el PPN señalan que, actualmente, en Navarra se conceden cada año 111 millones de euros en rentas garantizadas, que se suman a otros 60 millones que aporta el IMV. Por tanto, sólo en prestaciones públicas el gobierno regional estaría gastando más de 170 millones de euros al año. En este sentido, denunciando el incremento del gasto público que suponen estas prestaciones, el Partido Popular destaca que en 2012, por el contrario, se gastaron alrededor de 30 millones. Así, también señalan que «el 12% de los extranjeros que están percibiendo una renta en España lo hacen en Navarra», lo que representa, según el PPN, «siete veces más de lo que nos correspondería por población».