Las ubicaciones son perfectamente compatibles
No hay duda de que el crimen del pozo de Porriño, el que le costó la vida al ciudadano portugués asentado en Vigo Carlos Alberto Videira do Orfao, es todo en reto en lo que a su resolución policial y judicial se refiere. Archivado judicialmente en octubre de 2025, en enero de este año la causa se reabrió por orden de la Audiencia Provincial de Pontevedra gracias a la lucha y el empeño de la acusación particular que ejerce la familia de la víctima. Y las diligencias que se están practicando desde entonces han arrojado nuevos datos que permiten avanzar en el caso. Uno de los informes más relevantes, que no el único, lo acaba de emitir la Guardia Civil. Se trata de un estudio sobre el cruce de llamadas telefónicas entre la víctima y los tres investigados y acerca de la geolocalización de los terminales móviles que revela que el 13 de octubre de 2018, fecha en la que se presume que se produjo el homicidio al coincidir con la de la desaparición de Carlos Alberto, hubo 35 llamadas que involucraron al fallecido y a los sospechosos. Todas ellas en un período de solo cinco horas. Y en el que se concluye además que una serie de ubicaciones delimitadas gracias a los repetidores de telefonía móvil son «perfectamente compatibles» con la presencia ese mismo día de uno de los investigados en el pozo al que se arrojó a la víctima.
[–>[–>[–>La conclusión a la que han llegado los agentes supone un paso importante, ya que uno de los argumentos que en su día esgrimió la jueza instructora para sobreseer el procedimiento, previo informe de la Fiscalía en el mismo sentido, era el de que los posicionamientos no habían situado a ninguno de los teléfonos investigados en esa finca de Cerquido en la que se encontró el cadáver.
[–> [–>[–>Otro motivo que derivó en el archivo, que fue recurrido con éxito por la abogada de la acusación particular Paula Diéguez logrando así reactivar la causa, es que ni siquiera se había podido establecer con rotundidad la data de la muerte, por la amplísima horquilla que dieron los médicos forenses y que situaban además en un momento bastante posterior al de la desaparición del fallecido.
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Hay que tener en cuenta que el cuerpo permaneció oculto en el pozo y no fue hallado hasta el 21 de febrero de 2021 (transcurridos más de dos años desde que aquel día de octubre en que se vio a la víctima por última vez) ya esqueletizado y en un estado putrefactivo muy avanzado.
[–>[–>[–>Pero, y esta es otra de las novedades de la actual fase del procedimiento judicial, en un nuevo y reciente informe los forenses del Imelga introducen por primera vez de forma textual la fecha del 13 de octubre de 2018 como posible para el fallecimiento: «A medida que transcurre más tiempo entre la muerte y la valoración médica, el margen de error es exponencialmente mayor y las limitaciones pueden ser insalvables. No obstante, en términos de compatibilidad, sí podemos afirmar que efectivamente puede ser una fecha perfectamente compatible con la muerte de Carlos Alberto Videira».
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La declaración incriminatoria que dio impulso al caso
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Pues bien, regresando al informe que acaba de entregar la Guardia Civil, con fecha de este marzo, éste se centra en ese día de octubre de 2018. Elaborado por el Área de Delitos contra las Personas de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, para su confección se tuvo la colaboración del Grupo de Apoyo Tecnológico (GATO) de la UCO de Madrid.
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[–>Para entender sus conclusiones hay que tener en cuenta que en este caso hubo una declaración, la de Sergio, uno de los investigados, que incriminó a los otros dos, porteros de discoteca. Tras ser arrestado, este vigués manifestó, según consta en las diligencias, que aquel 13 de octubre los porteros le pidieron que localizara al hoy fallecido con motivo de una «aparente estafa» que habían sufrido y, una vez que lo llevó al taller de Severino Cobas de Vigo que el declarante regentaba, los dos varones, aseguró, tiraron al suelo y ataron las manos a la víctima, la metieron en un furgón y regresaron horas después ambos con el vehículo vacío.
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Pues bien, el nuevo análisis policial, en virtud de la secuencia de llamadas y ubicaciones de los teléfonos móviles de todos los investigados, refiere sobre lo ocurrido aquel día que uno de los porteros, Roberto, intercambia «numerosas llamadas» con Sergio, el dueño del taller de Severino Cobas, y este último, a su vez, con la víctima, con la «supuesta intención» de reunirse en el taller, «hecho que finalmente se produce a las 11.30 horas» de aquel día.
[–>[–>[–>Los agentes agregan que teniendo además en cuenta las ubicaciones aportadas en su día por Google, Roberto y el otro portero, Marcos David, permanecieron en la zona del taller «alrededor de 40 minutos» para luego desplazarse a la zona sur de Porriño, regresando Roberto al citado taller sobre las 15.40 horas.
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Llamadas que ya no tuvieron respuesta
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Las llamadas telefónicas que involucran a los sospechosos y a la víctima, un total de 35, empezaron concretamente a las 08.47 horas y finalizaron a las 13.37. Hay varias comunicaciones directas entre Roberto y el dueño del taller y es significativo que este último se llegó a cruzar 15 llamadas con el fallecido entre las 09.46 y las 11.13 horas.
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Con posterioridad al momento en el que supuestamente todos estuvieron juntos en Severino Cobas y, según la declaración incriminatoria, los porteros se habrían llevado a la víctima en el furgón tras haberla atacado, Sergio volvió a telefonear hasta seis veces al fallecido, entre las 12.05 y las 13.37, pero éste ya «no responde».
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A ojos de la Guardia Civil, la declaración que en su día hizo Sergio incriminando a los porteros «es perfectamente compatible» con lo que exponen en su informe. Un informe en el que, en otro apartado, concretan que, en virtud de la información proporcionada por Google sobre la cuenta de correo electrónico de Roberto, hay siete conexiones próximas al pozo, entre las 12.56 y las 21.23 horas de aquel 13 de octubre, y con una precisión de entre 1.700 y 2.099 metros con respecto al «punto de interés», que también son «perfectamente compatibles» con la presencia de dicha persona en el pozo.
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Por un aparente error de transcripción, en el informe no se pone el nombre de Roberto, sino el de otro de los investigados, pero la acusación particular ya ha advertido de ello en un escrito para que se proceda a la rectificación/aclaración pertinente.
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Un violento homicidio en el que el fallecido fue despojado de su ropa antes de ser arrojado al pozo
A raíz de la reciente reactivación judicial del caso, el Imelga de Vigo ha emitido también un nuevo informe forense relativo a la compleja autopsia que se practicó al cadáver de Carlos Alberto. La conclusión más importante, a efectos de los interrogantes existentes en el caso, es la relativa a que, pese a las dificultades para fijar la fecha de la muerte, ésta se considera compatible con la del día de la desaparición de la víctima, lo que es determinante para ponerlo en relación con las averiguaciones policiales sobre las ubicaciones de los investigados en aquella ya lejana jornada de hace casi ocho años.
Junto a esta cuestión, los forenses vuelven a pronunciarse sobre las causas de la muerte. «No hay dudas de que estamos ante una muerte de causa violenta de etiología médico legal homicida», confirman. La lesión craneal más importante se produjo con un «objeto contundente de alta energía» y de «importante poder lesivo», quizá un martillo, una herramienta con mango u otro instrumento similar, y la hipótesis principal es que el ataque fue por la espalda, «aunque no podemos asegurarlo dado el dinamismo que puede darse en este tipo de escenarios».
Los forenses no pueden asegurar que dicho traumatismo fuese inequívocamente mortal, «pero sí puede suponer por supuesto la pérdida de conocimiento», lo que habría facilitado el arrojar el cuerpo al pozo y el fallecimiento posterior del hombre por ahogamiento, si bien este extremo no se podrá aclarar nunca ya que fue «imposible de determinar» dado el estado de putrefacción del cadáver.
Se localizaron otras lesiones (dos traumas faciales en las zonas nasal y maxilar y otro en la base craneal) y unas manchas oscuras, si bien estas últimas «sugieren» posibles contusiones derivadas de la caída del cadáver al pozo, por el contacto con las paredes de dicho hoyo.
El cadáver, por último, solo tenía en lo que a prendas de vestir se refiere camiseta, calzoncillo y calcetines, lo que da lugar a otra conclusión forense sobre cómo ocurrieron los hechos objeto de investigación: «Es evidente que la víctima fue despojada de sus ropas de forma previa a ser arrojada al pozo».
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