La Ley 9/2025 nació con un objetivo claro: construir un sistema de movilidad sostenible, justo e inclusivo. En términos generales, tiene como objetivo reducir las emisiones contaminantes, mejorar la calidad del aire y promover alternativas al vehículo privado. Para ello introduce una serie de medidas que conciernen tanto a los ciudadanos como a las empresas y a las administraciones públicas.

Un pilar clave del estándar es la planificación estratégica de la movilidad, que ahora será obligatoria en múltiples niveles. Desde el Estado hasta los ayuntamientos, pasando por los grandes centros de trabajo, todos deben implementarlo Planes que priorizan el transporte público, la movilidad activa –caminar, ir en bicicleta…– y las soluciones compartidas.. Se trata de un cambio estructural que, en la práctica, puede traducirse en una menor dependencia del coche privado.