Pero el rechazo a esta medida, que Sánchez atribuye a la «xenofobia», es mucho más amplio de lo que pretende el presidente del Gobierno.

Él El 66,7% de los españoles está en contra de la regularización masiva de inmigrantes. Un porcentaje que se dispara hasta el 80,5% entre los jóvenes de 17 a 25 años, según la última encuesta SocioMétrica de EL ESPAÑOL.

La medida no sólo es completamente rechazada por los votantes del PP (85%) y Vox (97,5%), sino también por el 43,4% de los votantes de los partidos nacionalistas e independentistas.

Sólo uno de cada tres españoles (32,6%) apoya la decisión del Gobierno.

Pedro Sánchez tampoco cuenta con mayoría en el Congreso para sacar adelante esta medida (que algunos de sus antiguos socios de investidura como Junts rechazan), por lo que ha decidido aprobarla por decreto.

Lo ha hecho a pesar de las objeciones planteadas por el Consejo de Estado, presidido por la exministra Carmen Calvo, y las objeciones de la Unión Europea.

Un porcentaje aún mayor de los encuestados por SocioMétrica, El 72% cree que la regularización tendrá un «efecto llamada» y atraerá a más inmigrantes ilegales a España, con la expectativa de obtener un permiso de residencia.

Así lo ves, de nuevo, El 80,5% de los jóvenes, los más recelosos de esta iniciativa. Pero incluso el 40,7% de los votantes del PSOE admiten que habrá un «efecto llamada».

El presidente Pedro Sánchez defendió este sábado la regularización masiva de inmigrantes en la Movilización Progresista Mundial organizada por la Internacional Socialista en Barcelona, ​​en la que proclamó que «la vergüenza cambia de bando«.

«De ahora en adelante», anunció, «la vergüenza es para ellos. aquellos que guardan silencio ante la injusticia, explotan a los trabajadores, criminalizan a los diferentesApoyar la guerra y la violencia en Gaza, Cisjordania, Ucrania, Líbano y Medio Oriente».

Sánchez aseguró que la regularización beneficiará a medio millón de inmigrantes. Pero, como ha informado EL ESPAÑOL, un informe interno de la Comisaría General de Inmigración y Fronteras de la Policía Nacional eleva esta cifra a 1,2 millones de extranjeros.

Ante las acusaciones de «xenofobia», una de las principales preocupaciones de los españoles es el impacto que el proceso puede tener en la convivencia.

El 70,5% cree que la regularización no cuenta con «garantías y filtros de seguridad suficientes». Esto lo admite incluso el 42% de los votantes del PSOE: sólo uno de cada cuatro españoles (25%) cree que existen estas garantías.

En el primer borrador, el Gobierno estableció que bastará con que los inmigrantes presenten una declaración jurada de no antecedentes penalespara poder beneficiarse del proceso.

Tras las objeciones planteadas por la UE y el Consejo de Estado, el decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros establece que los solicitantes deberán acreditar «la falta de antecedentes penales y que no representan una amenaza para el orden público, la seguridad pública y la salud pública, por lo que Se valorará la denuncia policial correspondiente.«.

Hay otros requisitos: los solicitantes deben acreditar haber residido en España al menos desde el 31 de diciembre.

Pero, a diferencia de todas las regularizaciones aprobadas por Gobiernos anteriores, esta vez no se ha establecido ningún requisito laboral (como tener un contrato u oferta de trabajo).

El presidente Pedro Sánchez decidió poner en marcha esta regularización masiva de inmigrantes que exigía Podemos, a cambio de que el partido morado se abriera a apoyar el traspaso de competencias en materia de inmigración y extranjería a la Generalitat de Cataluña.

Al final, el esfuerzo ha sido en vano, ya que Junts no tiene intención de reincorporarse al «bloque de investidura». Sobre todo, después de que esta semana la vicepresidenta Yolanda Díaz llamara «racista y clasista«al partido de Puigdemont.

Ya no hay forma de volver a armar el rompecabezas.mayoría del progreso«, proclamó el presidente del Gobierno, que ha decidido continuar hasta 2027 a pesar de que ya no cuenta con el apoyo ni del Congreso ni del Senado para aprobar leyes. Una situación anómala en cualquier democracia occidental.

El discurso del Gobierno, según el cual la regularización es necesaria, tampoco ha inyectado en el mercado laboral a cientos de miles de inmigrantes.ayudará a la sostenibilidad de las pensiones«, amenazada por la baja natalidad de los españoles.

El 65,7% de los encuestados por SocioMétrica dice que la regularización masiva no «ayudará a la sostenibilidad de las pensiones».

La regularización masiva es una buena noticia para el Gobierno, ya que aumentará sus ingresos por cotizaciones sociales e impuestos, al incorporar a más de un millón de inmigrantes al mercado laboral (según estimaciones de la propia Policía Nacional).

Como ha informado EL ESPAÑOL, el 80% de los nuevos empleos creados en España desde enero de 2024 han sido ocupados por inmigrantes, según informes del Consejo Económico y Social (CES) y del Real Instituto Elcano.

De esta forma, las cifras récord de empleo de las que hace alarde el Gobierno han sido posibles gracias a la inmigración masiva registrada en los últimos años.

El 73,8% de los españoles considera que el Gobierno debería haber «acordado esta medida con la oposición y el resto de socios de la UE».

Entre otros motivos porque, una vez obtenido el permiso de residencia en España, estos inmigrantes podrán moverse por el resto de países que conforman el espacio Schengen. Se trata, por tanto, de una decisión que ha sido adoptada unilateralmente por el Gobierno español, pero que afecta al resto de socios de la UE.

En este caso, más de la mitad de los votantes socialistas (53,5%) cree que el Gobierno debería acordar la decisión con la oposición y la UE: en cambio, un 23,4% lo ve innecesario.

Ficha técnica:

Se han realizado 1.712 encuestas a españoles con derecho a voto, con el sistema CAWI-Panel entre el 15 y el 18 de abril de 2026. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recordación de voto.

El ajuste de convergencia por interacción para el total nacional es del 97% (el error de muestreo no es aplicable al tratarse de un muestreo no probabilístico, aunque el error de balance puede estimarse en +-3%). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de I+A.